La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...» 
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación. 
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después. 

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad. 
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?  
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.

La evaluación temprana del desarrollo, realizada de manera sistemática y con fines de cribado, ha sido objeto de interés en los últimos tiempos por parte de actores del sistema educativo y de la Administración pública, así como de diversos perfiles técnico profesionales asociados a la primera infancia y a la educación a nivel nacional. En efecto, las características tempranas del desarrollo tienen consecuencias sobre las trayectorias educativas posteriores, y esto ha sido materia de investigación creciente en las últimas décadas. Específicamente, este problema ha sido recogido bajo la denominación disposición para la escolarización (en adelante, DPE).
En el contexto de las políticas educativas nacionales, la continuidad entre ciclos educativos y el tránsito entre la educación en primera infancia y la educación primaria también han sido foco de atención; esto se contempla en documentos nacionales oficiales, y particularmente en el Marco
curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años (UCC/CCEPI, 2014). Asimismo, en nuestro
país algunos indicadores muestran que la asistencia con rezago se incrementa a lo largo de las trayectorias educativas, y que en este sentido resultan
críticos los períodos de transición entre ciclos (INEEd, 2017). Sabido es además que los requerimientos de la escolarización formal resultan por
defecto más cercanos a algunos grupos sociales en comparación con otros, y ello constituye un aspecto al cual la política educativa debe dar respuesta.
Algunas de las respuestas más eficaces ofrecidas a nivel internacional se han centrado en la evaluación de cribado a gran escala para la detección oportuna de indicadores de riesgo en el desarrollo, y la implementación de programas estructurados en distintos niveles de intervención en DPE (Coleman, Roth y West, 2009; Saeki et al., 2011).

En este marco describiremos la propuesta de evaluación estandarizada de DPE a través del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) (Vásquez Echeverría, 2020), actualmente aplicado de forma generalizada en el sistema uruguayo de Educación Inicial pública.

Durante el año 2019, las escuelas del distrito de práctica de Tacuarembó desarrollaron un proyecto de trabajo con el propósito de profundizar en las experiencias de enseñanza mediadas por las tecnologías. Con el doble propósito que caracteriza a las escuelas de práctica de enseñanza a los alumnos escolares y magisteriales, las actividades desarrolladas involucraron a los maestros adscriptores en su rol de enseñantes y a los estudiantes magisteriales que aprenden a enseñar, sin perder de vista la centralidad de los aprendizajes de los niños desde su singularidad.

Como punto de partida es importante reconocer los saberes de los niños y los saberes de los docentes con relación a la enseñanza mediada por las
tecnologías. El trabajo colaborativo de los docentes se encuentra en la base de este proceso de construcción de nuevas prácticas pedagógicas. Colaboración que implica buscar marcos conceptuales y metodológicos comunes, que luego se concretarán en acciones. De esa forma se estará logrando la concreción en las escuelas de una de las líneas de política educativa expresadas en el documento 10 claves educativas en el siglo XXI dedicado a Información y tecnología: «...se aspira a que las tecnologías, como mediadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ocupen un lugar relevante entre los componentes básicos que contribuirán a la mejora de la calidad educativa» (ANEP. CEIP, 2019:15).

A comienzo de año se buscó el acuerdo con los directores de las escuelas para planificar un proyecto anual profundizando sobre diferentes experiencias de formación en cada institución. Cabe destacar el rol del maestro director en la organización y el desarrollo de la enseñanza de sus alumnos magisteriales, teniendo presentes el Programa de Didáctica/Práctica Educativa del Plan 2008 de Formación de Maestros de Educación Común del CFE y las líneas de políticas educativas del CEIP. Se integró a la directora del Centro de Tecnología Educativa y Ceibal (CTEC) como parte del grupo de directores, a fin de concretar los apoyos y seguimientos de las experiencias en cada una de las escuelas.

El Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales de la Internacional de la Educación para América Latina, reunidos en San José, Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre del 2022 expresan:

1. El contexto regional, a la salida de la pandemia y ante el emergente de la guerra en Ucrania, nos enfrenta a una realidad signada por el crecimiento de la pobreza y del proceso de concentración de la riqueza, lo cual genera un aumento de la brecha de desigualdad y significa un claro retroceso en relación con los avances que se habían logrado durante la primera etapa de los gobiernos populares en la región.

2. Mientras en Europa y otras partes del mundo se establecen gobiernos neo fascistas y vivimos un debilitamiento del sistema democrático, América Latina muestra -producto de la resistencia de nuestros pueblos y sus organizaciones- una voluntad mayoritaria que busca desmarcarse de estas tendencias de derecha y de las políticas que imponen los grupos concentrados del poder real.

3. La expresión más clara de esto son las victorias de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y de Lula da Silva en Brasil. Estas configuran una segunda oleada de gobiernos democráticos y populares, que ofrecen la oportunidad de recuperación de espacios para las organizaciones del campo popular y sus agendas de transformación. Sin embargo, estos avances se dan en condiciones adversas que no son las mismas que en la primera oleada de gobiernos progresistas. Enfrentamos a una derecha más autoritaria, un aumento de la pobreza, países con un mayor peso de la deuda pública y sociedades divididas, cada vez más polarizadas. Este escenario configura un mayor desafío para el afianzamiento de estos gobiernos populares.

4. Una mención aparte merece el recrudecimiento de la persecución judicial que en forma sincronizada con la utilización de los grandes medios de comunicación, genera las condiciones para el ataque sistemático contra aquellos dirigentes políticos que ejercen liderazgos populares, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esta acción corrosiva se extiende también a dirigentes sociales y sindicales, cuyas figuras son estigmatizadas y perseguidas como una manera de criminalizar la protesta social.

5. En el caso de los sindicatos de la educación en América Latina, esta acción persecutoria ha sido particularmente intensa. Está claro que el objetivo de esa demonización de las organizaciones sindicales de la educación y sus representantes es la respuesta de los grupos del poder dominante al papel que estas han desempeñado; denunciando y resistiendo los ataques contra la educación pública concebida como un derecho social.

6. Una característica distintiva de este momento es que la derecha ha tomado como bandera propia el tema de la educación, así como lo hizo tradicionalmente con el tema de la seguridad. Hoy en día, tienen iniciativas que ponen en la mira a las y los trabajadores de la educación y a las instituciones educativas, a las que definen como parte del problema y no de la solución para combatir las brechas de desigualdad que se van ampliando.

7. Los grupos concentrados de poder tienen un proyecto educativo claro, alineado con su concepción ideológica neoliberal de la ausencia del Estado. Por un lado, buscan consolidar una propuesta de educación estandarizada basada en el currículo mínimo y la evaluación punitiva. Por otro lado, se desarrollan procesos de privatización y mercantilización valiéndose de servicios de fundaciones privadas, proyectos financiados por instituciones financieras internacionales y del formato de Alianzas Público- Privadas, que habilitan y legitiman la participación de actores no estatales y el lucro privado.

8. Este proyecto privatizador y antipedagógico se institucionaliza a través de organizaciones supranacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, y en el caso particular de América Latina, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Estos actores recomiendan y promueven al interior de nuestros países la participación cada vez mayor de actores privados y empresariales en la definición, implementación y financiamiento de la política educativa.

9. En el marco de estas narrativas y políticas, la derecha incentiva la indiferencia de la ciudadanía, usufructuando el sentimiento de descontento y de escepticismo hacia las políticas públicas, como forma de imponer su proyecto regresivo en materia educativa.

10. Ante esta realidad, las organizaciones sindicales docentes y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano tienen que asumir el compromiso activo de ser parte de esta disputa en la que está en juego el sentido de la educación. En especial, su carácter de herramienta para combatir el modelo de desigualdad y promover la búsqueda de un modelo alternativo. El cual permita formar una ciudadanía con pensamiento crítico y valores sociales, que la convierta en protagonista de los procesos emancipatorios por los que aún seguimos pugnando en nuestra América Latina.

Por todo lo expresado anteriormente, el Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales definen y recomiendan:

• Realizar un reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la educación de América Latina por su compromiso ético y político en garantizar el derecho a la educación pública durante la pandemia.

• Impulsar mediante todas las acciones posibles el desarrollo del Movimiento Pedagógico Latinoamericano como herramienta político-organizativa mediante la cual posicionarnos como interlocutores en la disputa del sentido de la educación pública concebida como un derecho social.

• Sostener una acción consecuente para lograr el aumento de la inversión educativa a cargo del Estado y enfrentar, articulando iniciativas con los estudiantes y la comunidad, las políticas de recortes al presupuesto educativo promovidas por los gobiernos neoliberales e incentivadas por los organismos internacionales de créditos.

• Asumir activamente el desarrollo de la campaña que será lanzada por la Internacional de la Educación en enero del 2023 y que se articula en torno a los siguientes pilares: aumento de la  financiación de la educación pública estatal y de la inversión en las y los trabajadores del sector educativo; combatir, frenar y hacer retroceder la privatización y comercialización de la educación y reforzar la narrativa a favor de la educación pública de calidad.

• Reiterar el apoyo a la Campaña de la RED de Trabajadoras de la Educación por la ratificación del Convenio CIT 190 de la OIT contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.

• Impulsar la ratificación y el cumplimiento del Convenio CIT 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la definición de la multiculturalidad en las políticas educativas como tema transversal para consolidar la identidad histórica y la unidad de la región.

• Ratificar la iniciativa de la Internacional de la Educación para América Latina para consolidar un espacio de participación para las juventudes sindicales de todas las organizaciones miembro.

• Ratificar la presencialidad como condición indispensable para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y promover políticas públicas de acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales como medio para garantizar el acceso a las mismas de los sectores populares.

• Promover la difusión y la utilización de los informes producto del monitoreo desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de la Política Educativa (OLPE) para la acción política-sindical en nuestros países.

Aprobado el 6 de diciembre de 2022 en San José, Costa Rica.

En estos tiempos emergen diferentes voces que izan las banderas para cambiar la escuela; esta polifonía puede traer aparejados una serie de riesgos que debemos atender. Reconocemos la complejidad de lo educativo, por lo cual toda propuesta que simplifique la temática y proponga soluciones mágicas debería, por lo menos, ser mirada con un dejo de sospecha. Sostenemos firmemente la idea de que las alteraciones a la forma escolar pueden ser el umbral que haga transitar a los diferentes colectivos docentes hacia la construcción de una escuela para todos, pensada en términos
de justicia, alejados de la dicotomía exclusión-inclusión tan presente en los discursos sobre lo educativo. 
Las alteraciones a la forma escolar y todos los cambios que se plantean e impulsan, deben ser pensados reconociendo explícitamente el rol protagónico que las maestras y los maestros deben desempeñar en los mismos. Impulsar experimentaciones y cambios, así como su difusión e intercambio, es fundamental para promover, desde esa instancia, los sustentos prácticos que respalden las mejoras educativas esperadas desde los ámbitos de decisión, tanto en las esferas técnicas como en las administrativas y políticas.

Elaborado por el Grupo de trabajo e investigación sobre Forma escolar y Experimentación pedagógica, coordinado por el Dr. Felipe Stevenazzi e integrado por: Florencia Ascárate, Eduard Conrado, Victoria Díaz, Helen Dorrego, Juan Pablo García, Yohana Muñoz, Fernanda Settimano, Daniela Velázquez, Maria José Volpe, Shirley Young.

De los 135 artículos de la LUC que pretendemos anular, 34 refieren al capítulo Educación.

Las propuestas que contienen son consecuencia de una larga campaña de desprestigio de la Educación Pública. Tan tremenda como injustificada esta campaña utilizó el eslogan “crisis de la Educación Pública” para generar desgaste, descreimiento y desconfianza.

Estos artículos promueven la privatización de muchas formas, entre ellas favoreciendo su mercantilización, eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública, permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada y promoviendo un sistema que puede delegar en las direcciones de los centros el acceso y permanencia en los cargos, así como sus correspondientes compensaciones salariales.

Este artículo por sí solo es una afrenta al sistema de concurso, a los mecanismos transparentes de ascenso y traslado defendidos por nuestra Federación durante años. De mantenerse y aplicarse se abre un espacio de incertidumbre, inestabilidad y arbitrariedad nunca vista en la Educación Pública del Uruguay.

Desde nuestra perspectiva la Educación es un derecho humano fundamental para todas y todos, durante toda la vida y responsabilidad del Estado garantizarlo. La lucha en defensa de las infancias y sus derechos siempre va a contar con el compromiso de las y los trabajadores de la educación de nuestro país.

LA LUC LIQUIDA LA EDUCACIÓN COMO LA HEMOS CONOCIDO HASTA AHORA

Los 135 artículos de la LUC que se someten a Referéndum promueven transformaciones tendientes al achicamiento del Estado en la protección de los más débiles y de los intereses nacionales, a la desregulación laboral, el aumento de la represión y la disminución de la participación ciudadana en los asuntos nacionales.
En educación se destacan las mismas tendencias. Entre muchas razones señalamos:

Elimina del Sistema Nacional de Educación Pública

El Art. 144 elimina el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) y es suplantado por una “Coordinación del Sistema Nacional de Educación”, donde no queda claro el límite entre lo público y lo privado. Tan urgente no sería cuando recién se instaló y funcionó solo una vez en febrero de 2022, dieciocho meses después de ser aprobada la Ley y a cuarenta días del Referéndum.

Lesiona la autonomía

La LUC en sus artículos 145 y 171 le otorga al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un rol protagónico en la toma de decisiones que debilita la autonomía de los entes de educación (ANEP – UdelaR – UTEC) consagrada en la Constitución de la República. Esta modificación pone en evidencia una visión que concibe la educación como una política del gobierno de turno en lugar de una cuestión de Estado.

Al MEC se le agrega la elaboración del "Compromiso de Política Educativa Nacional" que debe acompañar el pedido de venia al Senado de los tres miembros del CODICEN propuestos por el Poder Ejecutivo, el "Plan de Política Educativa Nacional" que fijará las metas y principios de las políticas educativas, el reconocimiento de titulos universitarios, un programa de fortalecimiento de la formación en educación que otorga becas a programas universitarios que hasta ahora son únicamente privados y el reconocimiento del carácter universitario de la formación docente pública.

Abandona principios fundantes

 Afecta gravemente algunos principios fundantes de nuestra escuela pública como en el Art. 127 que elimina la obligación de “padres madres y responsables legales de niños, niñas y adolescentes (…) de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su aprendizaje”. 

Maestras y maestros sabemos bien cuál es la consecuencia de quitar esta obligación.
Sin ir muy lejos, en 2020 cuando la obligatoriedad quedó “en suspenso” perdimos a cientos de niños y niñas que abandonaron o concurrieron
en forma intermitente. En las escuelas y jardines necesitamos el apoyo del Estado y de la Ley para asegurar el derecho a la educación de las infancias.
Este mismo artículo elimina la mención a asegurar “la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria ymedia básica”. ¿Cuál es la razón y la urgencia de eliminar este concepto que promueve el derecho a una educación integral con educación básica, artes, tecnología, campamentos e idiomas?

Elimina los Consejos de Educación

En los artículos 155 y 156 se eliminan los consejos de educación de la ANEP -Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional-, y se crean en su lugar direcciones generales.

En el caso de Primaria se trata de un Consejo creado en 1918. Eso significa que la LUC vino a barrer con más de un siglo de conducción colectuva. Además, una Dirección General es de menor jerarquía que un Consejo y son ejecutoras de decisiones definidas en el CO.DI.CEN., otro ejemplo del proceso centralizador de la toma de decisiones.

En el caso de Educación Inicial y de Primaria esta Dirección unipersonal debe atender a 2.000 escuelas, 345.000 niñas y niños, sus familias y más de 30.000 trabajadoras y trabajadores. 
Se ha dicho que esta eliminación es para mejorar la gestión, evitar las trabas burocráticas y de los sindicatos. ¿Hemos visto mejoras en la gestión en estos dieciocho meses? ¿Nos sentimos maestras, maestros, funcionarios y funcionarias más respaldados y seguros con esta nueva forma centralizada de decisión? ¿Las decisiones son mejores, más rápidas y adecuadas?

La respuesta es claramente negativa. Decisiones que no se pueden aplicar, protocolos confusos, respuestas que no llegan, incertidumbre en la aplicación de normativas, negociaciones inexistentes, advertencias que no se escuchan, concursos de dirección llevados a los ponchazos y con múltiples irregularidades, etc., etc., etc…

Debilita la democracia del sistema educativo

Además, junto a los Consejos, la LUC elimina los consejeros electos por las y los docentes. También reduce el papel de los consejeros electos en CO. DI.CEN al permitir que todas las decisiones se adopten tan solo con los tres votos de los consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.
También se reduce el Congreso Nacional de Educación a tan solo una “posible” convocatoria, reduce la participación estudiantil en los Consejos de Participación y la elimina con voz y sin voto en la educación media superior y hace lo propio con las Comisiones Consultivas.

Promueve privatización

Varios artículos promueven la privatización de la educación favoreciendo su mercantilización (Art. 129), eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública (Art. 144 y 183 al 186), creando las Direcciones Generales al estilo gerencias (Arts. 148, Arts. 155, 156 y 158 al 161), permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada (Art. 171) y promoviendo un sistema de cooptación típico de las empresas privadas.

LA LUC AFECTA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

El Art. 193 promueve la precarización y la flexibilidad en las condiciones del trabajo.
Este artículo permite la creación de regímenes especiales que pueden delegarse en las direcciones de los centros para el acceso y permanencia en los cargos por medio de “condiciones de orden funcional” que se correspondan con el “compromiso con una metodología de trabajo o proyecto de centro” o “cumplimiento de metas de política educativa”. Y estas decisiones afectarán las compensaciones, complementos salariales u otros beneficios
de docentes y no docentes. 
Condiciones de trabajo, permanencia en el cargo y el salario de docentes y personal no docente ¿estarán sujetos a las decisiones de una dirección? ¿Qué sucede con los concursos? ¿Y cuando cambia la dirección? Sólo pensarlo da la idea del caos y la vulneración de derechos adquiridos a la que se sometería nuestro trabajo.

Pero también afecta la formación inicial de docentes y educadores al eliminar la mención a la creación de una institución universitaria y crear un procedimiento que queda en manos del MEC (Art. 171) y permitir que haya maestros y maestras que egresen de un instituto con título universitario y de otros institutos con títulos no universitario (Decreto 338/2020). Tampoco prevé qué sucederá con los títulos de quienes ya lo obtuvimos. ¿Habrá
titulados categorías A y B?

Si esto fuera poco, el Art. 163 sólo asegura que el título de maestro o maestra es necesario para “maestros responsables de clase, inspectores
y directores”. ¿Qué sucederá con las y los maestros de docencia indirecta? Secretarías de escuela, maestras CEIBAL, de apoyo, comunitarias, etc., ¿podrán ser cubiertos por estudiantes o idóneos?

Todas las decisiones se adoptarán en un CO.DI.CEN donde para integrarlo no será necesario haber sido docente ni haber actuado en la Educación Pública. Es la primera vez que una ley de educación no exige al menos a alguno de los consejeros tener antecedentes en la Educación Pública. Ni hablar que no existe ninguna exigencia, NINGUNA, para ocupar las Direcciones Generales. ¿No es demasiado?

POR TODAS ESTAS RAZONES LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PRIMARIA VOTAMOS SÍ PARA ANULAR 135 ARTÍCULOS DE LA LUC.
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, EN DEFENSA PROPIA

Los objetivos propuestos en los lineamientos de Política Educativa Nacional (desde 2005 en adelante, y especialmente para el período 2016-2020) son
asegurar aprendizajes relevantes y de calidad similar para todos, así como instituir a la escuela como espacio de participación comunitaria y de implementación de políticas públicas de infancia. Calidad en el sentido de llegar a todos para conseguir mejores aprendizajes que contribuyan a la equidad. Este concepto aparece en el primer artículo de la Ley General de Educación Nº 18.437: «El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa».
En este marco, una de las orientaciones estratégicas ha sido y es extender el tiempo pedagógico, creando más Escuelas de Tiempo Completo y de Tiempo Pedagógico Extendido, habilitando las transformaciones del formato que este momento histórico demanda.
Esta extensión permite contemplar con mayor profundidad las necesidades individuales de niñas y niños, promoviendo un currículo ampliado que atienda a la formación integral. Esta formación integral implica la inclusión de la enseñanza de Segundas Lenguas, Educación Artística y Educación Física; todas las escuelas cuentan con maestros, talleristas y profesores formados en estas áreas.

En el marco de las oportunidades que podrían abrirse al contar con una computadora por cada alumno, resulta importante volver a pensar
qué escuela se desea para formar ciudadanos autónomos, y analizar qué cambiar y qué conservar para lograrlo.
En las orientaciones de Política Educativa 2011-2015 figura como uno de los lineamientos prioritarios, promover el uso educativo de las
tecnologías, alentar las innovaciones y la inclusión digital.
El uso de las tecnologías permite una innovación tanto en los aprendizajes como en la evaluación de los mismos. En este sentido, el Plan Ceibal constituye un avance cualitativo en la modernización de la educación inicial y primaria.

Para el presente quinquenio se propone continuar y profundizar en el desafío de la innovación, la creatividad y el mejoramiento de las propias prácticas educativas como factores dinamizadores y de actualización constante del proceso pedagógico cotidiano.

Resulta relevante recuperar las iniciativas surgidas desde la Pedagogía Crítica, particularmente por los aportes de Freire, Giroux y Habermas, donde se considera que «enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción» (Freire, 1997:47).
Entonces, las enseñanzas escolares relacionadas con las TIC no deberían partir solo desde las oportunidades que brindan los desarrollos
tecnológicos, sino fundamentalmente pensarse desde lo pedagógico, (en este es el caso de la reescritura).

Vivimos un momento paradójico en el que creemos que todas las respuestas pueden venir de la educación, al mismo tiempo que constatamos que, supuestamente allí, tenemos el principal problema.
El trabajo de Pablo Martinis aparece en un contexto muy propicio, porque ayuda a tomar distancia de la coyuntura para poder pensar la política educativa actual en una clave distinta, sobre todo para ver los límites conceptuales pero también ideológicos que implica pensar la política educativa como política social. 

El sistema educativo uruguayo no parece haber ofrecido espacios educativos para todos los sujetos, sino más bien parece haber sido pensado para un tipo de individuo. Los discapacitados han sido los más ausentes en las prioridades de la política educativa. Pero también es cierto que muchas reflexiones e iniciativas vienen desarrollándose para cambiar la mirada sobre el asunto, o para abrir experiencias educativas que contemplen las diferencias entre sujetos. La mayor atención ha sido brindada durante la etapa de la niñez en la que se han impulsado iniciativas desde la Inspección de Educación Especial, a través de comunicados, circulares, protocolos (véase Orlando y Bueno, 2014) y docentes que posibilitan la concreción de estas directrices –maestros de apoyo e itinerantes–.
A su vez, desde la Dirección Sectorial de Adultos se vienen pensando estrategias y programas que impulsen con fuerza la creación de espacios adecuados, y que fortalezcan las capacidades de la población discapacitada.