La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...» 
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación. 
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después. 

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad. 
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?  
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.

• Cicerchia, C. Reflexiones en época de pandemia.

• Velásquez, M. 76 años de FUM-TEP.

• Secretaría de Formación Sindical de FUM-TEP. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

• Sequeira, M. Extremamos cuidados para una presencialidad segura

El año 2021 inicia marcado por la incertidumbre respecto de algunos temas centrales para la educación, rodeado además del manto de la pandemia que en este momento está en un punto alto de contagio en nuestro país con prácticamente todos los departamentos en color rojo según el índice de Harvard.
La llegada de las vacunas crea expectativas con relación a la salud, pero la realidad nos muestra una evaluación de salarios y jubilaciones, de rendición
de cuentas, de aumentos de las tarifas públicas, de impuestos, de la tasa de desempleo, con incertidumbre en muchas dimensiones, todo lo cual permea la vida de las escuelas.
Objetivos ambiciosos como “la mayor presencialidad posible”, pero sin definiciones claras de espacios alternativos para dividir grupos, con disminución de
cargos de maestros dinamizadores, cambios en el Programa Maestros Comunitarios, escasas soluciones para auxiliares de servicio y creación de cargos docentes que aún no llega...

Hoy comienza un nuevo ciclo escolar, y nosotras reafirmamos nuestro compromiso con la Educación y la Escuela Pública. Ese compromiso no es algo nuevo, viene desde el fondo de la historia del Magisterio Nacional.

Hoy es un día de miles de abrazos y de encuentros, donde las Maestras y Maestros aseguramos a las infancias del país que no están solas ni solos, que siempre hay una maestra o un maestro.

Hoy también es un día de lucha, porque no nos callamos, porque decimos esta reforma educativa impuesta no mejora los problemas de las escuelas, sino que genera nuevos. Es evidente que imposiciones y democracia no caminan juntas, también es evidente que los recortes presupuestales redundan en pérdida de recursos humanos y materiales indispensables para el aprendizaje.

Hoy usá el solapero que dice de qué lado estamos:

#SiempreConLaEscuelaPublica

La evaluación temprana del desarrollo, realizada de manera sistemática y con fines de cribado, ha sido objeto de interés en los últimos tiempos por parte de actores del sistema educativo y de la Administración pública, así como de diversos perfiles técnico profesionales asociados a la primera infancia y a la educación a nivel nacional. En efecto, las características tempranas del desarrollo tienen consecuencias sobre las trayectorias educativas posteriores, y esto ha sido materia de investigación creciente en las últimas décadas. Específicamente, este problema ha sido recogido bajo la denominación disposición para la escolarización (en adelante, DPE).
En el contexto de las políticas educativas nacionales, la continuidad entre ciclos educativos y el tránsito entre la educación en primera infancia y la educación primaria también han sido foco de atención; esto se contempla en documentos nacionales oficiales, y particularmente en el Marco
curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años (UCC/CCEPI, 2014). Asimismo, en nuestro
país algunos indicadores muestran que la asistencia con rezago se incrementa a lo largo de las trayectorias educativas, y que en este sentido resultan
críticos los períodos de transición entre ciclos (INEEd, 2017). Sabido es además que los requerimientos de la escolarización formal resultan por
defecto más cercanos a algunos grupos sociales en comparación con otros, y ello constituye un aspecto al cual la política educativa debe dar respuesta.
Algunas de las respuestas más eficaces ofrecidas a nivel internacional se han centrado en la evaluación de cribado a gran escala para la detección oportuna de indicadores de riesgo en el desarrollo, y la implementación de programas estructurados en distintos niveles de intervención en DPE (Coleman, Roth y West, 2009; Saeki et al., 2011).

En este marco describiremos la propuesta de evaluación estandarizada de DPE a través del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) (Vásquez Echeverría, 2020), actualmente aplicado de forma generalizada en el sistema uruguayo de Educación Inicial pública.

• Comisión Electoral
• GAMARRA, M. Red de trabajadoras de la educación. Encuentro Regional Virtual sobre derechos y el contexto de la pandemia.
• GARIBALDI, L. Un aplauso para maestras y maestros

La escuela infantil es un centro educativo que escolariza niños de edades tempranas y, por tanto, es uno de los lugares en los que habitualmente se
suelen detectar las dificultades y los detenimientos que indican alguna problemática en la adecuada evolución de los niños. La consulta del pediatra es
otro de ellos. 
A veces, los maestros observamos que alguno de nuestros alumnos no logra adaptarse a la escuela, o seguir el ritmo de sus compañeros de edad,
tanto sea en el aprendizaje como en las relaciones con los demás, en la tolerancia a la frustración, en los hábitos cotidianos: comida, sueño, control de esfínteres... O bien vemos que tiene comportamientos que no son acordes a su edad, o que le originan malestar y sufrimiento: miedos excesivos, conductas agresivas, movimientos desmedidos, pasividades, ausencias, apatía, tristeza, regresiones...
En estos casos convendría dedicar un tiempo a realizar una observación más exhaustiva, anotar lo observado, pedir opinión a otros maestros del
centro... También sería bueno hacer una entrevista con los padres del niño para recoger información y contrastar las miradas sobre lo que el niño hace en casa y en la escuela, intentando, si es que se pudiera, formular alguna hipótesis útil sobre las dificultades que existen, sus posibles causas y la manera de abordarlas de cara a su resolución.

Después se desplegarían las estrategias que presumiblemente contribuirían a ayudar al niño a salir de su problemática, se daría un margen de
tiempo y se haría un seguimiento para ver si se alcanzan o no los resultados pretendidos. Al notar el niño el interés y la demanda conjuntos de sus
padres y sus maestros, además de algunos cambios de actitud que se desprenden de la toma de conciencia de las dificultades del niño, puede ser
que haya mejoras. Sin embargo, a veces no es así. Y entonces, es ante el no saber qué le pasa al niño, o cómo ayudarlo, cuando se plantea hacer una derivación a un especialista.

• Florit, H. Ley de Presupuesto
• Equipo de Jurídica. Licencia y actividad computada.

Seguramente cuando esta revista llegue a sus manos, el presupuesto ya haya sido votado en la Cámara de Diputados y se estará discutiendo
en el Senado, muy próximo a la resolución final.
Al inicio del año 2020 dijimos que no iba a ser un año fácil, que el cambio de modelo de país, como consecuencia del cambio de gobierno, nos interpelaría y nos tendría ocupados. Pero eso no fue todo, sino que además debimos enfrentar una emergencia sanitaria a escasos diez días del inicio de cursos.
El compromiso de miles de maestros y funcionarios de todo el país hizo posible que se pudiera volver a la presencialidad con el mayor cuidado sanitario y el menor riesgo, tanto para nuestros compañeros como para los niños y niñas.
El Sindicato trabajó denodadamente en pro de asegurar los cuidados necesarios para preservar la salud de nuestros compañeros, y nuestros niños y niñas. Pero el verdadero compromiso es el que cada uno de ustedes demostró a cada momento durante muchos meses para garantizar en alguna medida el derecho a la educación de calidad para todos.
Hemos enfrentado ciertos ataques que pretendieron desprestigiar al magisterio, poniendo nuestro desempeño profesional bajo sospecha con el fin de ajustar el presupuesto educativo. Al tiempo que defendemos que el Uruguay debe invertir un presupuesto adecuado a las necesidades de la educación, no menor a un 6%, el gobierno presenta un presupuesto de recortes, de ajustes que impactarán directamente en la calidad educativa y en los salarios que tanto nos costó incrementar.
Le entregamos un documento a la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde expusimos argumentos firmes resultado del análisis de los mensajes presupuestales presentados tanto por el CODICEN de la ANEP como por el Poder Ejecutivo. En síntesis: El presupuesto presentado para la ANEP por el Poder Ejecutivo, y con escasas excepciones por el CODICEN, se caracteriza por ser RESTRICTIVO Y CONTRACTIVO del gasto educativo porque:
1. La asignación es absolutamente insuficiente, previéndose una caída del 3,90% al 3,49% con relación al PBI.
2. Se establecen topes de ejecución que desmerecen el presupuesto asignado.
3. Se condicionan las trasposiciones, lo que dificulta la ejecución de los recursos previstos.
4. Se deroga la previsión de un 10% del valor de las obras por PPP para remuneraciones.
5. Las inversiones se reducen.

También consagra REBAJA DE SALARIOS porque:
1. La adecuación anual de los salarios impone una pérdida del orden del 5% equivalente a 3.440 millones de pesos en 2021, y pérdidas algo menores en los años 2022 y 2023.
2. Se abate en 500 millones de pesos el monto global de remuneraciones a partir del año 2022.
3. No se prevén recursos incrementales para equipar y radicar cargos en las obras nuevas.

También AFECTA DERECHOS porque:
1. Se asimila a los funcionarios de la Administración Central al régimen de licencias médicas del ámbito privado (DISSE), constituyendo un antecedente que puede extenderse a otros organismos.
2. Autoriza al MEC a avalar proyectos de instituciones educativas privadas para ser financiadas mediante donaciones de empresas.
3. Autoriza al Poder Ejecutivo a que los inmuebles prescindibles sean enajenados, lo que afectaría escuelas cerradas impidiendo su reapertura si fuera necesario. 
Nos esperan tiempos de mucho diálogo, mucho intercambio a la interna del Sindicato, pero también mucha lucha en defensa de la Educación Pública, en defensa de nuestros derechos y condiciones de trabajo, en defensa de las condiciones de aprendizaje para niños y niñas.
Año por demás especial, pues nuestra Federación va a llevar adelante su instancia democrática de elecciones del Secretariado Ejecutivo y de la mayoría de las filiales departamentales.
Esta instancia de participación, que se vive con intensa alegría cada dos años, se llevará a cabo en la semana del 9 al 14 de noviembre. En esta oportunidad, dando cumplimiento a las decisiones emanadas de nuestro XII Congreso, será por tres años. Docentes o funcionarios, independientemente de la función que desempeñemos en el CEIP, nucleados en un solo Sindicato, FUM-TEP, tendremos la posibilidad de elegir a
nuestros representantes.
Porque entre todos construimos la Escuela Pública para todas y todos, porque todos somos importantes, porque es posible participar en la toma de decisiones, ¡en noviembre votamos!

Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP

Es pertinente tomar como punto de partida el hecho de que el ser humano ha vivido y vive rodeado del arte, en cualquiera de sus manifestaciones.
Por consiguiente, al plantear una clase sobre contenidos artísticos, es interesante considerar la exploración y la vivencia como los principales pilares del aprendizaje y de la adquisición y formación de conocimiento. Al decir de Eisner (2005:9), «el valor principal de las artes en la educación reside en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual». Sin embargo, a pesar de todos los estudios y fundamentaciones que se han hecho sobre la importancia de la educación artística, desde las aulas se debe seguir trabajando arduamente para lograr darle el lugar y la importancia que se merece. Es decir, que no se considere un “complemento” del currículo escolar, o algo divertido y simpático que hace las veces de entretenimiento o de pasatiempo.

La educación musical o la enseñanza de la música en la educación encuentran muchos puntos en común con lo expuesto anteriormente sobre el arte en la educación. Se identifica un infinito mundo de posibilidades sonoras y musicales que se manifiestan a diario, y del que forman parte activa tanto los docentes de la asignatura como los estudiantes. La música, generadora y transmisora de conocimiento, creadora y protectora de la identidad cultural, acompañante de épocas sociohistóricas y estilos, transformadora y difusora de valores y contenidos estéticos, llega a las aulas y a los estudiantes para ser escuchada, interpretada, analizada y vivenciada. Atento a esto, se debe tener especial consideración respecto a las herramientas que se le brindan al estudiante de magisterio para que comience a vivir la música y a generar el conocimiento desde su propia experiencia. Es tarea del docente transmitirle la confianza necesaria para que esa vivencia sea de valor y se quite la idea, por años replicada, de que la música es para unos pocos elegidos; por el contrario, la música es para todos los que estén abiertos a conocerla y disfrutarla.