La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...» 
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación. 
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después. 

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad. 
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?  
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.

• Urge la acción de un Estado que les proteja y no que les desampare.

• Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son intocables, existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez, en esta coyuntura nacional donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna.

Compartimos la declaración de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT CNT

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad PIT CNT, DECLARA:

1- Su rechazo enfático al proyecto de Ley de “Corresponsabilidad en la Crianza” , por entender dicho proyecto como un claro retroceso en los derechos de niñas , niños y adolescentes. En el entendido que los temas de la infancia requieren una enorme responsabilidad del sistema político y en especial del Estado.

2- El mismo refleja una mirada exclusivamente adultocéntrica en su texto, dejando de lado el bienestar de nuestras infancias. En varios aspectos contradice el Código Civil de la Niñez, y deja totalmente vulnerables a niñas, niños y adolescentes bajo la tutela de una eventual situación de violencia.

3- Deja de lado la Ley de Violencia Basada en Género y complejiza los procesos judiciales sin acompañar de mayor presupuesto al Poder Judicial.

4- Este proyecto de ley modifica los criterios de la Patria Potestad hasta hoy establecidos, que establece la pérdida de la misma cuando el progenitor comete delitos graves contra sus hijas o hijos, femicidio (o tentativa) contra su madre.

5- Solo habla de un sistema político conservador, que olvida la lucha de muchísimas organizaciones sociales por los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplada en la actual legislación vigente.

6- Desde el PIT CNT consideramos que los DERECHOS de las niñas, niños y adolescentes son intocables, existen ya demasiadas y diferentes formas de violencia hacia la niñez, en esta coyuntura nacional donde son miles las niñas y niños que carecen de alimentos y de una vivienda digna. Urge la acción de un Estado que los proteja y no que los desampare.

Si hay señales de retroceso, la lucha es y nos tendrá en las calles.

Secretaria de Género, Equidad y Diversidad

PIT-CNT

En este artículo se presenta la normativa internacional a la que nuestro país adhiere a través de normativas nacionales, que colocan a las personas con discapacidad y barreras para el aprendizaje y la participación como sujetos de derecho. Se entiende necesario reflexionar sobre este marco normativo, considerando que aún no
existe un conocimiento extendido en el magisterio nacional de los compromisos que nuestro país contrajo con la inclusión educativa de las personas con discapacidad a través de la firma de distintos tratados y convenciones internacionales.

La Fum-Tep, representada por su secretaria general, Elbia Pereira, participa en Brasilia del 32° Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Brasil, afiliada a la Internacional de la Educación. 

Pereira disertó este jueves en el destacado evento. En su alocución, efectuó un profundo análisis de la situación del Uruguay, y también habló sobre los desafíos educativos y los sindicales.

El principal tema de este congreso será "educación, desarrollo e inclusión social". En ese contexto, se debatirá y se evaluará acerca de los rumbos, avances y retrocesos de la legislación en la materia. 

También, estará en discusión la coyuntura internacional, la coyuntura nacional, la política educacional y sindical, entre otros