Seguramente cuando esta revista llegue a sus manos, el presupuesto ya haya sido votado en la Cámara de Diputados y se estará discutiendo
en el Senado, muy próximo a la resolución final.
Al inicio del año 2020 dijimos que no iba a ser un año fácil, que el cambio de modelo de país, como consecuencia del cambio de gobierno, nos interpelaría y nos tendría ocupados. Pero eso no fue todo, sino que además debimos enfrentar una emergencia sanitaria a escasos diez días del inicio de cursos.
El compromiso de miles de maestros y funcionarios de todo el país hizo posible que se pudiera volver a la presencialidad con el mayor cuidado sanitario y el menor riesgo, tanto para nuestros compañeros como para los niños y niñas.
El Sindicato trabajó denodadamente en pro de asegurar los cuidados necesarios para preservar la salud de nuestros compañeros, y nuestros niños y niñas. Pero el verdadero compromiso es el que cada uno de ustedes demostró a cada momento durante muchos meses para garantizar en alguna medida el derecho a la educación de calidad para todos.
Hemos enfrentado ciertos ataques que pretendieron desprestigiar al magisterio, poniendo nuestro desempeño profesional bajo sospecha con el fin de ajustar el presupuesto educativo. Al tiempo que defendemos que el Uruguay debe invertir un presupuesto adecuado a las necesidades de la educación, no menor a un 6%, el gobierno presenta un presupuesto de recortes, de ajustes que impactarán directamente en la calidad educativa y en los salarios que tanto nos costó incrementar.
Le entregamos un documento a la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde expusimos argumentos firmes resultado del análisis de los mensajes presupuestales presentados tanto por el CODICEN de la ANEP como por el Poder Ejecutivo. En síntesis: El presupuesto presentado para la ANEP por el Poder Ejecutivo, y con escasas excepciones por el CODICEN, se caracteriza por ser RESTRICTIVO Y CONTRACTIVO del gasto educativo porque:
1. La asignación es absolutamente insuficiente, previéndose una caída del 3,90% al 3,49% con relación al PBI.
2. Se establecen topes de ejecución que desmerecen el presupuesto asignado.
3. Se condicionan las trasposiciones, lo que dificulta la ejecución de los recursos previstos.
4. Se deroga la previsión de un 10% del valor de las obras por PPP para remuneraciones.
5. Las inversiones se reducen.

También consagra REBAJA DE SALARIOS porque:
1. La adecuación anual de los salarios impone una pérdida del orden del 5% equivalente a 3.440 millones de pesos en 2021, y pérdidas algo menores en los años 2022 y 2023.
2. Se abate en 500 millones de pesos el monto global de remuneraciones a partir del año 2022.
3. No se prevén recursos incrementales para equipar y radicar cargos en las obras nuevas.

También AFECTA DERECHOS porque:
1. Se asimila a los funcionarios de la Administración Central al régimen de licencias médicas del ámbito privado (DISSE), constituyendo un antecedente que puede extenderse a otros organismos.
2. Autoriza al MEC a avalar proyectos de instituciones educativas privadas para ser financiadas mediante donaciones de empresas.
3. Autoriza al Poder Ejecutivo a que los inmuebles prescindibles sean enajenados, lo que afectaría escuelas cerradas impidiendo su reapertura si fuera necesario. 
Nos esperan tiempos de mucho diálogo, mucho intercambio a la interna del Sindicato, pero también mucha lucha en defensa de la Educación Pública, en defensa de nuestros derechos y condiciones de trabajo, en defensa de las condiciones de aprendizaje para niños y niñas.
Año por demás especial, pues nuestra Federación va a llevar adelante su instancia democrática de elecciones del Secretariado Ejecutivo y de la mayoría de las filiales departamentales.
Esta instancia de participación, que se vive con intensa alegría cada dos años, se llevará a cabo en la semana del 9 al 14 de noviembre. En esta oportunidad, dando cumplimiento a las decisiones emanadas de nuestro XII Congreso, será por tres años. Docentes o funcionarios, independientemente de la función que desempeñemos en el CEIP, nucleados en un solo Sindicato, FUM-TEP, tendremos la posibilidad de elegir a
nuestros representantes.
Porque entre todos construimos la Escuela Pública para todas y todos, porque todos somos importantes, porque es posible participar en la toma de decisiones, ¡en noviembre votamos!

Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP

El nuevo tiempo al que la escuela se está enfrentando, más allá de todas las problemáticas que crea lo desconocido, también genera enormes
oportunidades. Es un desafío de los profesionales de la educación dar sentido a la “nueva realidad” proclamada hoy como “nueva normalidad”, en todo el mundo y en nuestro país. Esa “nueva normalidad” no tiene hoy un significado claro en educación, por lo que podrá ser pensada como oportunidad para definirla y desarrollarla a través de la participación activa de los profesionales.
En este marco hay desafíos pedagógicos importantes que la escuela y los maestros deberán enfrentar, y por lo que es necesaria la reflexión colectiva al respecto: la resignificación de la escuela como institución social, la educación como proceso dialéctico de formación integral del sujeto diverso, la enseñanza de valores y contenidos válidos para la realidad en la que el sujeto vive, el derecho a la educación como derecho a aprender de todos, la importancia del maestro en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de la relación singular con cada uno, solo posible en la presencialidad.
De todos estos desafíos y oportunidades, en este trabajo se analizarán dos.

1.- Reconstrucción y afianzamiento de los lazos perdidos con la comunidad

2.- Valoración de la figura del maestro y la presencialidad en el proceso de aprendizaje

Cuando QUEHACER EDUCATIVO me honró con su invitación a escribir un artículo sobre la educación pública, el verano aún era joven, “pandemia” y “cuarentena” eran dos palabras que llegaban en noticias tan lejanas como un mercado de Wuhan, y nuestras preocupaciones estaban centradas en el contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyo primer borrador acababa de divulgar el nuevo gobierno.

En ese momento imaginé un posible guión para este texto: A) Procuraría mostrar de qué formas, en caso de aprobarse, la LUC tendría efectos negativos sobre la educación pública al desarticular su funcionamiento como sistema, violentar la autonomía y la participación docente, e introducir en la educación una ideología de gestión propia del ámbito empresarial. B) Constataría, con pesar, que proponer un cambio de esta magnitud
era posible porque, durante mucho tiempo y por diversas vías, se había fortalecido la percepción social de que la educación pública es un “desastre” y “está en crisis”, lo cual pavimentó el camino para que cualquier propuesta que se presentara como “La Gran Reforma” fuera aceptada sin mayores cuestionamientos. C) Señalaría que, sin embargo, es fundamental analizar los contenidos concretos de las medidas propuestas por la LUC para comprender que no resolverían ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Y esto por una sencilla razón: no es una ley diseñada
para eso, sino para ejercer más control político sobre la educación y los docentes, así como para fortalecer a la educación privada que aumenta su representación y obtiene nuevas vías de acceso a recursos del Estado. D)También intentaría dar un paso más, ya que, con todo, evidenciar las consecuencias negativas de la LUC no es suficiente, en tanto que los problemas de la educación allí siguen y es necesario plantear algo respecto a ellos: si estas medidas no, ¿entonces cuáles? E) Esto me llevaría, a su vez, a otro problema: aunque no sea una idea muy redituable electoralmente, lo cierto es que no existe algo así como una receta mágica de solución a los problemas de nuestra educación. En parte porque muchos de los problemas más importantes tienen componentes socioeconómicos y culturales que aunque impacten en la educación, su solución trasciende a las instituciones escolares. Y en parte porque la propia idea de una solución de tipo tecnocrática exterior a las comunidades educativas funciona bien para juntar votos, pero no funciona para cambiar la educación. F) Y terminaría sugiriendo que, en consecuencia, es necesario cambiar la propia forma en que pensamos la transformación educativa, para darles más lugar a la imaginación y la experimentación pedagógica, más herramientas al protagonismo docente, más puntos de encuentro entre la investigación académica, las experiencias y la elaboración de propuestas, más peso a las preguntas pedagógicas, mejores condiciones institucionales para la proyección de largo plazo, entre otros muchos temas que se podrían listar.

En fin, que de todo este enredo está hecho el debate sobre nuestra educación, y ahí andaba yo tratando de decir algo al respecto cuando irrumpió la pandemia, la cuarentena y la crisis, y puso todo patas para arriba. Aún así, en plena cuarentena, la LUC ingresó de todos modos al parlamento, evidenciando algo que las educadoras y los educadores sabemos bien: muchas veces, las formas son tan reveladoras como los contenidos. Sin embargo, la situación ya no es la misma que cuando imaginé este texto. Hoy estamos en peores condiciones para muchas cosas, pero estamos en mejores condiciones para comprender aquello que cierta propaganda no nos dejaba ver del todo bien: en los tiempos de crisis, cuando todo cae, cuando los mercados se retraen, los especuladores se retiran y los malla oro se cortan solos, lo que queda es la trama social solidaria que sostiene la vida. A esa trama pertenece la educación pública. En ella se construye, día a día, al mismo tiempo que contribuye, ella misma, a zurcir las cercanías, lazos, historias y sentidos, que van dando forma a la trama abierta de lo común.

Si bien ya es difícil cuestionar que nuestra sociedad está articulada por relaciones de género desiguales, la toma de conciencia de esta realidad
no se ha visto «todavía traducida en un cambio social de transgresión» (Grau Muñoz, 2020:80). 
En este escenario, escuelas y docentes estamos convocadas a asumir la responsabilidad que nos corresponde como agentes de la educación en la
transformación social que se requiere a fin de lograr que la igualdad de género, al decir de Bachelet (2011), sea una realidad vivida.
Como resultado de compromisos internacionales y regionales que ha suscrito el país, así como de las leyes y normativas aprobadas hasta el momento, el sistema educativo está obligado a garantizar una educación de calidad a niñas y niños del país sin discriminación, garantizando el
pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y todos. En este sentido además, tiene la responsabilidad de impulsar una línea transversal que apunte a la igualdad de género garantizando la no discriminación en la educación en todos los niveles educativos.
El enfoque de género en la educación pública es una línea transversal, un eje articulador y una estrategia amplia de integración para ser abordada por el conjunto de subsistemas.
Cuando hablamos de educación de calidad nos referimos a aquella que les permite a niños y niñas desarrollar su potencial, aprovechar las oportunidades
de empleo y adquirir competencias para la vida activa. «Esto supone llegar a todos y llegar mejor para conseguir mejores aprendizajes que contribuyan
a la equidad.» (ANEP. CEIP, 2016b:14)

«El cuerpo es cada vez más el lugar en el que se manifiesta el sufrimiento, pero también es aquello que se muestra, un lugar de exhibición y escritura.» 
Janin y Kahansky (2009)

A continuación, la mamá de Ignacio –nombre ficticio– escribe sobre su hijo, nos muestra quién es y cómo es este niño. Agradecemos a esta mamá por compartir esta narrativa y porque sabemos que escribir y aún más escribir sobre nuestros hijos mueve y re-mueve historias, emociones. Pero escribir también permite transmitir y compartir. Y esta Mamá, con mayúscula porque acoge a su hijo, lo acompaña, lo escucha y lo ama, les permite a los lectores conocer qué siente y piensa una mamá cuando su hijo ingresa al sistema de educación, y todos los periplos que ha tenido que atravesar.
Los docentes, los maestros que cada día recibimos a los niños, deberíamos empatizar más con estas situaciones para poder darle acogida a Ignacio y a tantos niños que en nuestras escuelas están o no... Porque todos los niños tienen derecho a ser recibidos en una institución educativa, porque «la singularidad, la alteridad y la acogida, en ámbitos de convivencia, de experiencia y educación donde el encuentro con el otro, aceptando su ajenidad, nos constituye como sujetos humanos éticos en tanto hospitalarios» (Castellano, 2013:6). Hospitalidad entendida como bienvenida, como acogida al otro, como espacio de encuentro con el otro donde la comunicación verbal y corporal es lo que predomina.           Leticia Albisu Viacava

Debemos procurar que la educación, derecho fundamental con el cual los educadores nos sentimos plenamente comprometidos, involucre a todos los seres humanos y contribuya, junto a los otros derechos fundamentales, a enriquecer su vida en una sociedad más justa y solidaria.
No podemos ser ni neutros ni prescindentes.

El Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales de la Internacional de la Educación para América Latina, reunidos en San José, Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre del 2022 expresan:

1. El contexto regional, a la salida de la pandemia y ante el emergente de la guerra en Ucrania, nos enfrenta a una realidad signada por el crecimiento de la pobreza y del proceso de concentración de la riqueza, lo cual genera un aumento de la brecha de desigualdad y significa un claro retroceso en relación con los avances que se habían logrado durante la primera etapa de los gobiernos populares en la región.

2. Mientras en Europa y otras partes del mundo se establecen gobiernos neo fascistas y vivimos un debilitamiento del sistema democrático, América Latina muestra -producto de la resistencia de nuestros pueblos y sus organizaciones- una voluntad mayoritaria que busca desmarcarse de estas tendencias de derecha y de las políticas que imponen los grupos concentrados del poder real.

3. La expresión más clara de esto son las victorias de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y de Lula da Silva en Brasil. Estas configuran una segunda oleada de gobiernos democráticos y populares, que ofrecen la oportunidad de recuperación de espacios para las organizaciones del campo popular y sus agendas de transformación. Sin embargo, estos avances se dan en condiciones adversas que no son las mismas que en la primera oleada de gobiernos progresistas. Enfrentamos a una derecha más autoritaria, un aumento de la pobreza, países con un mayor peso de la deuda pública y sociedades divididas, cada vez más polarizadas. Este escenario configura un mayor desafío para el afianzamiento de estos gobiernos populares.

4. Una mención aparte merece el recrudecimiento de la persecución judicial que en forma sincronizada con la utilización de los grandes medios de comunicación, genera las condiciones para el ataque sistemático contra aquellos dirigentes políticos que ejercen liderazgos populares, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esta acción corrosiva se extiende también a dirigentes sociales y sindicales, cuyas figuras son estigmatizadas y perseguidas como una manera de criminalizar la protesta social.

5. En el caso de los sindicatos de la educación en América Latina, esta acción persecutoria ha sido particularmente intensa. Está claro que el objetivo de esa demonización de las organizaciones sindicales de la educación y sus representantes es la respuesta de los grupos del poder dominante al papel que estas han desempeñado; denunciando y resistiendo los ataques contra la educación pública concebida como un derecho social.

6. Una característica distintiva de este momento es que la derecha ha tomado como bandera propia el tema de la educación, así como lo hizo tradicionalmente con el tema de la seguridad. Hoy en día, tienen iniciativas que ponen en la mira a las y los trabajadores de la educación y a las instituciones educativas, a las que definen como parte del problema y no de la solución para combatir las brechas de desigualdad que se van ampliando.

7. Los grupos concentrados de poder tienen un proyecto educativo claro, alineado con su concepción ideológica neoliberal de la ausencia del Estado. Por un lado, buscan consolidar una propuesta de educación estandarizada basada en el currículo mínimo y la evaluación punitiva. Por otro lado, se desarrollan procesos de privatización y mercantilización valiéndose de servicios de fundaciones privadas, proyectos financiados por instituciones financieras internacionales y del formato de Alianzas Público- Privadas, que habilitan y legitiman la participación de actores no estatales y el lucro privado.

8. Este proyecto privatizador y antipedagógico se institucionaliza a través de organizaciones supranacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, y en el caso particular de América Latina, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Estos actores recomiendan y promueven al interior de nuestros países la participación cada vez mayor de actores privados y empresariales en la definición, implementación y financiamiento de la política educativa.

9. En el marco de estas narrativas y políticas, la derecha incentiva la indiferencia de la ciudadanía, usufructuando el sentimiento de descontento y de escepticismo hacia las políticas públicas, como forma de imponer su proyecto regresivo en materia educativa.

10. Ante esta realidad, las organizaciones sindicales docentes y el Movimiento Pedagógico Latinoamericano tienen que asumir el compromiso activo de ser parte de esta disputa en la que está en juego el sentido de la educación. En especial, su carácter de herramienta para combatir el modelo de desigualdad y promover la búsqueda de un modelo alternativo. El cual permita formar una ciudadanía con pensamiento crítico y valores sociales, que la convierta en protagonista de los procesos emancipatorios por los que aún seguimos pugnando en nuestra América Latina.

Por todo lo expresado anteriormente, el Comité Regional y el Consejo de Presidencias y/o Secretarías Generales definen y recomiendan:

• Realizar un reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de la educación de América Latina por su compromiso ético y político en garantizar el derecho a la educación pública durante la pandemia.

• Impulsar mediante todas las acciones posibles el desarrollo del Movimiento Pedagógico Latinoamericano como herramienta político-organizativa mediante la cual posicionarnos como interlocutores en la disputa del sentido de la educación pública concebida como un derecho social.

• Sostener una acción consecuente para lograr el aumento de la inversión educativa a cargo del Estado y enfrentar, articulando iniciativas con los estudiantes y la comunidad, las políticas de recortes al presupuesto educativo promovidas por los gobiernos neoliberales e incentivadas por los organismos internacionales de créditos.

• Asumir activamente el desarrollo de la campaña que será lanzada por la Internacional de la Educación en enero del 2023 y que se articula en torno a los siguientes pilares: aumento de la  financiación de la educación pública estatal y de la inversión en las y los trabajadores del sector educativo; combatir, frenar y hacer retroceder la privatización y comercialización de la educación y reforzar la narrativa a favor de la educación pública de calidad.

• Reiterar el apoyo a la Campaña de la RED de Trabajadoras de la Educación por la ratificación del Convenio CIT 190 de la OIT contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.

• Impulsar la ratificación y el cumplimiento del Convenio CIT 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la definición de la multiculturalidad en las políticas educativas como tema transversal para consolidar la identidad histórica y la unidad de la región.

• Ratificar la iniciativa de la Internacional de la Educación para América Latina para consolidar un espacio de participación para las juventudes sindicales de todas las organizaciones miembro.

• Ratificar la presencialidad como condición indispensable para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y promover políticas públicas de acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales como medio para garantizar el acceso a las mismas de los sectores populares.

• Promover la difusión y la utilización de los informes producto del monitoreo desarrollado por el Observatorio Latinoamericano de la Política Educativa (OLPE) para la acción política-sindical en nuestros países.

Aprobado el 6 de diciembre de 2022 en San José, Costa Rica.

Cada 30 de octubre saludamos a nuestras compañeras y compañeros que día a día cumplen roles imprescindibles para que niñas, niños y jóvenes puedan concretar el derecho a la educación.

El hecho educativo se construye y se reconstruye con el otro. Es necesario apostar al desarrollo del sujeto –desde su singularidad– entendiéndolo como un ser “complejo” capaz de integrarse activamente a la realidad sociocultural en la que se encuentra inmerso. Pensar y considerar a un sujeto complejo, implica saberlo sensible a las situaciones que lo constituyen, abierto a las transformaciones y, en particular, a las producciones intersubjetivas y a los vínculos significativos. El quehacer educativo, desde este lugar, habilita a los docentes a posicionarse, a investigar sobre las prácticas, desarrollando diversas formas de experimentación pedagógica, recurriendo al saber pedagógico como herramienta de transformación, considerando y construyendo la educación como antidestino (cf. Núñez, 1999) para avanzar hacia la posibilidad juntos.
La oportunidad, sin embargo, coloca al estudiante en una actitud pasiva, un sujeto que se deja hacer, que espera a que le den, que espera a que se le
otorgue una oportunidad, una posibilidad. Un sujeto que espera a que se le dé la oportunidad no es autónomo, no participa, no construye espacios cooperativos ni se emancipa. Por ende, la educación sería un beneficio al cual no todos podrían acceder. 

El “diseño universal”, explicitado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2007), expresa la necesidad de que todos los entornos, los productos, todos los lugares sean pensados a partir de diseños universales que permitan la accesibilidad y la inclusión de todas las personas. 
Esto surge como un imperativo y como expresión de voces que necesitan oírse y hacerse eco en la ciudadanía para transformar ciudades, barrios, escuelas... Pensar una institución educativa enmarcada en un diseño universal para el aprendizaje presupone pensar desde una dimensión social, donde el entramado de relaciones entre todos los actores, docentes, alumnos, familias y comunidad crea un orden social de igualdad en cuanto a derechos; de enriquecimiento por la existencia de diferencias y singularidades; de respeto, solidaridad y colaboración.
Expresar estos valores a través de un proyecto educativo institucional habilita a pensar prácticas educativas capaces de transformar la educación. Se hace necesario cambiar la mirada hacia el otro y, sobre todo, hacia la persona con discapacidad. 
Cuando hablamos de educación debemos tener presente que la educación es por y para todos. Se pretende que los niños puedan construir conocimientos a partir de su conocimiento del mundo, adquirido por su experiencia propia y de la vida cotidiana.
Los docentes vemos la necesidad de brindarles las herramientas necesarias para que las puedan emplear, respetando todos los aspectos de su ser,
posibilitando la participación en el proceso no solo de los educandos, sino de todos los actores involucrados en la vida institucional.