Aproximadamente uno de cada tres uruguayos es analfabeto en materia de conocimiento institucional. Aunque no se reconozca públicamente, ese problema existe y representará un desafío para la democracia si no se le presta atención. En los años 2007 y 2013, el Instituto de Ciencia Política realizó dos encuestas para evaluar la imagen pública del Parlamento.
Uno de los bloques de la investigación estaba centrado en el nivel de conocimiento que la ciudadanía tiene de las funciones del Poder Legislativo. La pregunta “¿podría usted decir cuál es la principal función del Parlamento?” fue respondida por dos tercios de los encuestados (un tercio dijo que la función era legislar y otro tercio mencionó otras funciones como representar, controlar al Ejecutivo, debatir, etc.).
El grupo que no logró responder la pregunta está compuesto por personas con bajos niveles educativos. Entre los encuestados que no completaron la enseñanza primaria, la proporción de personas que no supo responder se ubicó en el 70%, y entre los que no terminaron el ciclo básico de enseñanza secundaria alcanzó el 55%. Además, ese grupo de personas presentó niveles de desinformación importantes cuando se les consultó sobre asuntos públicos de notoriedad o sobre el conocimiento de autoridades institucionales (un 80% no logró mencionar una ley aprobada en el año anterior; más del 60% de ese grupo no conocía el nombre del Vicepresidente de la República y tampoco lograba ubicarse con claridad en el eje izquierda-derecha). ¿Por qué sucede esto? Una observación muy simple nos conduce a la educación cívica que reciben las personas y a dos factores que influyen en ese proceso: los partidos políticos y la educación formal. Históricamente, la formación cívica estaba vinculada a los partidos, pero en las últimas décadas estos han perdido capacidad de convocatoria en virtud del fuerte impacto de factores estructurales como los cambios en la sociedad o la revolución tecnológica. Por otra parte, la enseñanza formal parece no haber asumido con decidido impulso la responsabilidad de educar cívicamente a los ciudadanos. Obsérvese que la asignatura encargada de divulgar contenidos relativos al funcionamiento de la democracia y las instituciones es “Educación Social y Cívica”, ubicada en el tercer año de la enseñanza secundaria. Como muchos estudios lo demuestran, los niveles más altos de deserción del sistema educativo se producen precisamente entre el primer y segundo año de la enseñanza media.
El autor propone una serie de ensayos que se puedan desarrollar en el aula, se apoyen en la introducción de nociones teóricas referidas a cuatro asuntos significativos de la formación cívica: la democracia, la ciudadanía, las elecciones y las instituciones de gobierno. El objetivo debe ser simple, brindar al educando nociones básicas acerca de los andamiajes colectivos que hacen al funcionamiento democrático.