• REFORMA JUBILATORIA.

Todas las trabajadoras vamos a tener que trabajar 5 años más y cobraremos menos. La reforma afecta en algunos casos la bonificación docente.

• TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.

NO atiende a los verdaderos problemas de la educación. Los cursos de formación tienen un bajo nivel de profesionalidad docente. Imponen una modificación curricular que está inconclusa, que genera incertidumbre en los colectivos docentes y retrocede en la formación integral de niñas, niños y jóvenes. La falsa autonomía que se presenta en momentos de decisiones importantes, recayendo sobre las y los directores, quienes en soledad deben resolver según su criterio, pero no existe una autonomía técnica apoyada con presupuesto para ejercer los cambios necesarios.

• FALTA DE APOYO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

El mal manejo de la pandemia intensificó en nuestras infancias la inseguridad alimentaria, violencia física y psicológica, pobreza, rezago en los aprendizajes, sin embargo no existió ningún planteo ni propuesta de las autoridades que atendieran a estas situaciones.

• CERTIFIACIONES MÉDICAS.

La modificación que se piensa realizar otorga 9 días anuales para cada trabajadora, fuera de ese número tus días de licencia médica, se liquidarán a 75%. Sin dudas que muchas maestras y maestros iremos enfermos a trabajar para llegar a fin de mes.

• ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

Loa preciso de la canasta básica han mostrado subas consecutivas, la realidad es que esas subas de precios no fueron acompasadas en las partidas de comedores.

• MAESTRA COMUNITARIA.

Se modificó el programa, en vez de ampliar el número de las maestras en territorio, se incorporaron en equipos en las inspecciones departamentales.

• ELIMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RURAL.

Desmantelado todo lo andado en la historia de la educación rural de nuestro país, de forma inconsulta e injustificada. 

• NUEVOS CONTRATOS LABORALES PARA EL INGRESO.

Generando precarización laboral con pérdida de derechos.

• PÉRDIDA SALARIAL.

Hemos experimentado años de pérdida salarial, cuantificada en un 7,96%, que es el equivalente a un mes de salario en el año. Aspecto que a pesar de las promesas no va a ser resuelto en el quinquenio.

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