La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).

La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...» 
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación. 
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después. 

Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).

Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.

Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad. 
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?  
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.

Como cada año, al iniciarse uno nuevo se focalizan muchas expectativas y esperanzas en que será el año en que se logren nuestras reivindicaciones,
cuyo horizonte es una educación pública que llegue a todas y todos, que pueda terminar con las desigualdades y que ello se produzca en las mejores condiciones tanto para los trabajadores como para los aprendizajes de los niños y niñas.

Este año es especial, la ciudadanía se pronunció democráticamente en las urnas y optó por un nuevo gobierno nacional que en el borrador de un proyecto de ley de urgente consideración anuncia que se harán cambios en Educación. Cuando esta revista llegue a vuestras manos, seguramente se
conocerá el contenido de la ley que el presidente electo optó por presentar, pero que hasta la fecha en que se escriben estas líneas no se conoce. Una incertidumbre que intentamos evitar cuando en el debate educativo del pasado mes de setiembre, previo a las elecciones nacionales, les propusimos a los diferentes partidos políticos la posibilidad de plantear sus propuestas.
Lo que no pudimos prever es que se daría una coalición multicolor que gobernaría el país por los próximos cinco años, que asumirá el 1 de marzo y que la resultante de los programas presentados en materia educativa en aquel debate, hoy fuera algo aún no conocido en su totalidad.

Lo que sí se sabe hasta el momento es que los consejos desconcentrados, tal como se conciben hoy, sufrirán variaciones transformándose en direcciones unipersonales que integrarán además el CODICEN donde, por lo que dicen, se mantendrían con voz y voto los consejeros electos
por los docentes. Nos preguntamos: con la magnitud del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ¿una sola persona será capaz de llevarlo adelante?
Recordemos que en congresos pasados de nuestra FUM-TEP resolvimos defender la autonomía de los consejos desconcentrados, ya que cada uno de ellos tiene sus particularidades; y el cogobierno como un modelo de educación pública a impulsar, ya que estamos convencidos  de que los docentes somos capaces de gobernar nuestra educación pública.

Hoy, la situación planteada es otra, el Ministerio de Educación y Cultura tendría un rol protagónico cuyo alcance aún no está claro. Se habla de fortalecer las direcciones escolares dándoles potestades a los directores de elegir a sus maestros. Nos preguntamos: ¿se pensó en la gran responsabilidad que se pretende colocar sobre los hombros de compañeras y compañeros que hoy ya están sobrecargados de responsabilidades?
¿Cómo piensan hacerlo? Muchas son las cosas que aún no están claras de parte del gobierno electo, se habla de dos estatutos docentes que convivirán. Nos preguntamos: ¿de qué forma?, ¿qué pasará con los concursos? Una figura que nuestra Federación ha defendido históricamente para el ingreso y los ascensos en la carrera.

Tenemos que prepararnos para defender los derechos conquistados que pasan por defender la negociación colectiva, teniendo presente que se trata de ir mucho más allá de los consejos de salarios, son además las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. Seguramente, en la primera Mesa Representativa del año ya hayamos definido las prioridades que  surgen de mandatos de los congresos, y las estrategias que basadas
en el diálogo, las movilizaciones y la lucha llevaremos adelante para defender nuestros principios, para defender la Educación Pública para todos y todas. Y ciertamente tengamos que dialogar, intercambiar y discutir posiciones, pero ante todo es imprescindible que nos mantengamos unidos, que lo que nos una sea como siempre lo ha sido por y para nuestros niños y niñas.

Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP

La creación de la Universidad de la Educación ha estado en el discurso, contando con el apoyo manifiesto del Consejo de Formación en Educación y del CODICEN de la ANEP, de la declaración de los rectores de Universidades Pedagógicas Latinoamericanas y del último Congreso de Educación.
El parlamento uruguayo tiene una propuesta de ley para estudiar y aprobar si reúne la voluntad parlamentaria. La Universidad de la Educación depende de cuán precisos seamos en hacer comprender que no es un planteo caprichoso, sino una necesidad de abordar la formación de los ciudadanos con un enfoque sistémico.
Sin embargo, la necesaria discusión y los matices que puedan surgir acerca de qué universidad queremos para la formación de educadores no debería enmascarar la necesidad de su creación. Se trata de reconocer parte de lo que ya hemos hecho en la transformación hacia prácticas institucionales propias de los espacios universitarios, pero también de identificar cuánto nos falta, reconociendo que eso que aún nos falta desarrollar, está atado a una legalidad universitaria.

En este contexto nos encontramos discutiendo una estructura académica y un plan que se adecue a las características de un modelo universitario de formación. La clave está en que estos cambios se procesen en estructuras de participación de los órdenes, tales como las Comisiones de Carrera y la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. Es de destacar el esfuerzo que han hecho los representantes docentes y estudiantiles que integran estos espacios, contribuyendo a crear una cultura de la participación más cercana al cogobierno de los ámbitos universitarios.
Finalmente, dejar en claro que desde el espacio de los consejeros electos por los docentes y los estudiantes se ha trabajado con una fuerte convicción de que la institucionalidad la construimos haciendo, reflexionando y dando cuenta de nuestras acciones. 
Transitar hacia la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada es una meta que no admite postergación.
Como siempre, los desafíos que nos interpelan son múltiples, y asumirlos como orden es un paso que hay que dar con firmeza pero sin prisa, con el fin de desarrollar un camino seguro para la formación de los educadores uruguayos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia en clave latinoamericana. 
«...A casi cien años de la reforma de Córdoba, entendemos la misión de la universidad latinoamericana como un legado transformador de la sociedad, que interpele y responda a las circunstancias vitales de los pueblos...» (REDUCAR, 2017)

De los 135 artículos de la LUC que pretendemos anular, 34 refieren al capítulo Educación.

Las propuestas que contienen son consecuencia de una larga campaña de desprestigio de la Educación Pública. Tan tremenda como injustificada esta campaña utilizó el eslogan “crisis de la Educación Pública” para generar desgaste, descreimiento y desconfianza.

Estos artículos promueven la privatización de muchas formas, entre ellas favoreciendo su mercantilización, eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública, permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada y promoviendo un sistema que puede delegar en las direcciones de los centros el acceso y permanencia en los cargos, así como sus correspondientes compensaciones salariales.

Este artículo por sí solo es una afrenta al sistema de concurso, a los mecanismos transparentes de ascenso y traslado defendidos por nuestra Federación durante años. De mantenerse y aplicarse se abre un espacio de incertidumbre, inestabilidad y arbitrariedad nunca vista en la Educación Pública del Uruguay.

Desde nuestra perspectiva la Educación es un derecho humano fundamental para todas y todos, durante toda la vida y responsabilidad del Estado garantizarlo. La lucha en defensa de las infancias y sus derechos siempre va a contar con el compromiso de las y los trabajadores de la educación de nuestro país.

LA LUC LIQUIDA LA EDUCACIÓN COMO LA HEMOS CONOCIDO HASTA AHORA

Los 135 artículos de la LUC que se someten a Referéndum promueven transformaciones tendientes al achicamiento del Estado en la protección de los más débiles y de los intereses nacionales, a la desregulación laboral, el aumento de la represión y la disminución de la participación ciudadana en los asuntos nacionales.
En educación se destacan las mismas tendencias. Entre muchas razones señalamos:

Elimina del Sistema Nacional de Educación Pública

El Art. 144 elimina el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) y es suplantado por una “Coordinación del Sistema Nacional de Educación”, donde no queda claro el límite entre lo público y lo privado. Tan urgente no sería cuando recién se instaló y funcionó solo una vez en febrero de 2022, dieciocho meses después de ser aprobada la Ley y a cuarenta días del Referéndum.

Lesiona la autonomía

La LUC en sus artículos 145 y 171 le otorga al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un rol protagónico en la toma de decisiones que debilita la autonomía de los entes de educación (ANEP – UdelaR – UTEC) consagrada en la Constitución de la República. Esta modificación pone en evidencia una visión que concibe la educación como una política del gobierno de turno en lugar de una cuestión de Estado.

Al MEC se le agrega la elaboración del "Compromiso de Política Educativa Nacional" que debe acompañar el pedido de venia al Senado de los tres miembros del CODICEN propuestos por el Poder Ejecutivo, el "Plan de Política Educativa Nacional" que fijará las metas y principios de las políticas educativas, el reconocimiento de titulos universitarios, un programa de fortalecimiento de la formación en educación que otorga becas a programas universitarios que hasta ahora son únicamente privados y el reconocimiento del carácter universitario de la formación docente pública.

Abandona principios fundantes

 Afecta gravemente algunos principios fundantes de nuestra escuela pública como en el Art. 127 que elimina la obligación de “padres madres y responsables legales de niños, niñas y adolescentes (…) de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su aprendizaje”. 

Maestras y maestros sabemos bien cuál es la consecuencia de quitar esta obligación.
Sin ir muy lejos, en 2020 cuando la obligatoriedad quedó “en suspenso” perdimos a cientos de niños y niñas que abandonaron o concurrieron
en forma intermitente. En las escuelas y jardines necesitamos el apoyo del Estado y de la Ley para asegurar el derecho a la educación de las infancias.
Este mismo artículo elimina la mención a asegurar “la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria ymedia básica”. ¿Cuál es la razón y la urgencia de eliminar este concepto que promueve el derecho a una educación integral con educación básica, artes, tecnología, campamentos e idiomas?

Elimina los Consejos de Educación

En los artículos 155 y 156 se eliminan los consejos de educación de la ANEP -Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional-, y se crean en su lugar direcciones generales.

En el caso de Primaria se trata de un Consejo creado en 1918. Eso significa que la LUC vino a barrer con más de un siglo de conducción colectuva. Además, una Dirección General es de menor jerarquía que un Consejo y son ejecutoras de decisiones definidas en el CO.DI.CEN., otro ejemplo del proceso centralizador de la toma de decisiones.

En el caso de Educación Inicial y de Primaria esta Dirección unipersonal debe atender a 2.000 escuelas, 345.000 niñas y niños, sus familias y más de 30.000 trabajadoras y trabajadores. 
Se ha dicho que esta eliminación es para mejorar la gestión, evitar las trabas burocráticas y de los sindicatos. ¿Hemos visto mejoras en la gestión en estos dieciocho meses? ¿Nos sentimos maestras, maestros, funcionarios y funcionarias más respaldados y seguros con esta nueva forma centralizada de decisión? ¿Las decisiones son mejores, más rápidas y adecuadas?

La respuesta es claramente negativa. Decisiones que no se pueden aplicar, protocolos confusos, respuestas que no llegan, incertidumbre en la aplicación de normativas, negociaciones inexistentes, advertencias que no se escuchan, concursos de dirección llevados a los ponchazos y con múltiples irregularidades, etc., etc., etc…

Debilita la democracia del sistema educativo

Además, junto a los Consejos, la LUC elimina los consejeros electos por las y los docentes. También reduce el papel de los consejeros electos en CO. DI.CEN al permitir que todas las decisiones se adopten tan solo con los tres votos de los consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.
También se reduce el Congreso Nacional de Educación a tan solo una “posible” convocatoria, reduce la participación estudiantil en los Consejos de Participación y la elimina con voz y sin voto en la educación media superior y hace lo propio con las Comisiones Consultivas.

Promueve privatización

Varios artículos promueven la privatización de la educación favoreciendo su mercantilización (Art. 129), eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública (Art. 144 y 183 al 186), creando las Direcciones Generales al estilo gerencias (Arts. 148, Arts. 155, 156 y 158 al 161), permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada (Art. 171) y promoviendo un sistema de cooptación típico de las empresas privadas.

LA LUC AFECTA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

El Art. 193 promueve la precarización y la flexibilidad en las condiciones del trabajo.
Este artículo permite la creación de regímenes especiales que pueden delegarse en las direcciones de los centros para el acceso y permanencia en los cargos por medio de “condiciones de orden funcional” que se correspondan con el “compromiso con una metodología de trabajo o proyecto de centro” o “cumplimiento de metas de política educativa”. Y estas decisiones afectarán las compensaciones, complementos salariales u otros beneficios
de docentes y no docentes. 
Condiciones de trabajo, permanencia en el cargo y el salario de docentes y personal no docente ¿estarán sujetos a las decisiones de una dirección? ¿Qué sucede con los concursos? ¿Y cuando cambia la dirección? Sólo pensarlo da la idea del caos y la vulneración de derechos adquiridos a la que se sometería nuestro trabajo.

Pero también afecta la formación inicial de docentes y educadores al eliminar la mención a la creación de una institución universitaria y crear un procedimiento que queda en manos del MEC (Art. 171) y permitir que haya maestros y maestras que egresen de un instituto con título universitario y de otros institutos con títulos no universitario (Decreto 338/2020). Tampoco prevé qué sucederá con los títulos de quienes ya lo obtuvimos. ¿Habrá
titulados categorías A y B?

Si esto fuera poco, el Art. 163 sólo asegura que el título de maestro o maestra es necesario para “maestros responsables de clase, inspectores
y directores”. ¿Qué sucederá con las y los maestros de docencia indirecta? Secretarías de escuela, maestras CEIBAL, de apoyo, comunitarias, etc., ¿podrán ser cubiertos por estudiantes o idóneos?

Todas las decisiones se adoptarán en un CO.DI.CEN donde para integrarlo no será necesario haber sido docente ni haber actuado en la Educación Pública. Es la primera vez que una ley de educación no exige al menos a alguno de los consejeros tener antecedentes en la Educación Pública. Ni hablar que no existe ninguna exigencia, NINGUNA, para ocupar las Direcciones Generales. ¿No es demasiado?

POR TODAS ESTAS RAZONES LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PRIMARIA VOTAMOS SÍ PARA ANULAR 135 ARTÍCULOS DE LA LUC.
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, EN DEFENSA PROPIA

• Se firmó el convenio salarial entre la ANEP y FUM-TEP, FENAPES, Intergremial de Formación Docente, AFUTU y Unión de funcionarios del CODICEN.

• El día 3 de febrero de 2016 asumió como Consejera en el CODICEN electa por los docentes, la maestra Elizabeth Ivaldi, quien fuera proclamada el día anterior por la Corte Electoral como la candidata más votada por todos los docentes del país.

• El día 4 de febrero de 2016 asumió como Consejero electo en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el maestro Pablo Caggiani. Durante el desarrollo de su discurso destacó su compromiso para trabajar en equipo junto a las compañeras maestras Gabriela Verde y Gabriela Arbeleche. Este equipo representa y materializa las resoluciones que emanaron de nuestro Congreso.

• COMUNICADO DEL PIT-CNT A TODAS LAS FILIALES, del 13 de enero del 2016.

La Mesa Representativa de FUM-TEP elaboró un documento denominado “Educación: trabajar, pensar, comprender y hacer”, a los efectos de que
sea base de trabajo como documento orientador para los Consejeros electos.
FUM-TEP no mandatará a sus delegados en los temas inherentes a la gestión.