Cuando QUEHACER EDUCATIVO me honró con su invitación a escribir un artículo sobre la educación pública, el verano aún era joven, “pandemia” y “cuarentena” eran dos palabras que llegaban en noticias tan lejanas como un mercado de Wuhan, y nuestras preocupaciones estaban centradas en el contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyo primer borrador acababa de divulgar el nuevo gobierno.
En ese momento imaginé un posible guión para este texto: A) Procuraría mostrar de qué formas, en caso de aprobarse, la LUC tendría efectos negativos sobre la educación pública al desarticular su funcionamiento como sistema, violentar la autonomía y la participación docente, e introducir en la educación una ideología de gestión propia del ámbito empresarial. B) Constataría, con pesar, que proponer un cambio de esta magnitud
era posible porque, durante mucho tiempo y por diversas vías, se había fortalecido la percepción social de que la educación pública es un “desastre” y “está en crisis”, lo cual pavimentó el camino para que cualquier propuesta que se presentara como “La Gran Reforma” fuera aceptada sin mayores cuestionamientos. C) Señalaría que, sin embargo, es fundamental analizar los contenidos concretos de las medidas propuestas por la LUC para comprender que no resolverían ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Y esto por una sencilla razón: no es una ley diseñada
para eso, sino para ejercer más control político sobre la educación y los docentes, así como para fortalecer a la educación privada que aumenta su representación y obtiene nuevas vías de acceso a recursos del Estado. D)También intentaría dar un paso más, ya que, con todo, evidenciar las consecuencias negativas de la LUC no es suficiente, en tanto que los problemas de la educación allí siguen y es necesario plantear algo respecto a ellos: si estas medidas no, ¿entonces cuáles? E) Esto me llevaría, a su vez, a otro problema: aunque no sea una idea muy redituable electoralmente, lo cierto es que no existe algo así como una receta mágica de solución a los problemas de nuestra educación. En parte porque muchos de los problemas más importantes tienen componentes socioeconómicos y culturales que aunque impacten en la educación, su solución trasciende a las instituciones escolares. Y en parte porque la propia idea de una solución de tipo tecnocrática exterior a las comunidades educativas funciona bien para juntar votos, pero no funciona para cambiar la educación. F) Y terminaría sugiriendo que, en consecuencia, es necesario cambiar la propia forma en que pensamos la transformación educativa, para darles más lugar a la imaginación y la experimentación pedagógica, más herramientas al protagonismo docente, más puntos de encuentro entre la investigación académica, las experiencias y la elaboración de propuestas, más peso a las preguntas pedagógicas, mejores condiciones institucionales para la proyección de largo plazo, entre otros muchos temas que se podrían listar.
En fin, que de todo este enredo está hecho el debate sobre nuestra educación, y ahí andaba yo tratando de decir algo al respecto cuando irrumpió la pandemia, la cuarentena y la crisis, y puso todo patas para arriba. Aún así, en plena cuarentena, la LUC ingresó de todos modos al parlamento, evidenciando algo que las educadoras y los educadores sabemos bien: muchas veces, las formas son tan reveladoras como los contenidos. Sin embargo, la situación ya no es la misma que cuando imaginé este texto. Hoy estamos en peores condiciones para muchas cosas, pero estamos en mejores condiciones para comprender aquello que cierta propaganda no nos dejaba ver del todo bien: en los tiempos de crisis, cuando todo cae, cuando los mercados se retraen, los especuladores se retiran y los malla oro se cortan solos, lo que queda es la trama social solidaria que sostiene la vida. A esa trama pertenece la educación pública. En ella se construye, día a día, al mismo tiempo que contribuye, ella misma, a zurcir las cercanías, lazos, historias y sentidos, que van dando forma a la trama abierta de lo común.
En un contexto sanitario, político y sindical muy complejo para todos llegamos a la edición de QUEHACER EDUCATIVO del mes de junio. A partir del cierre de cursos presenciales en el mes de marzo y ahora con la vuelta paulatina a la presencialidad se abren varias dimensiones que es necesario analizar.
Los vínculos con los niños y niñas se mantuvieron durante este período de emergencia sanitaria debido al gran compromiso de compañeras y compañeros docentes de todo el país, quienes se las ingeniaron para atender cada una de las circunstancias al punto de que el 95% de la totalidad
de la matrícula de primaria mantuvo contacto con sus maestras y maestros.
Una forma nueva, distinta, sin antecedentes de hacer escuela y ahí estuvieron los miles de docentes, en muchas ocasiones dando más de lo posible, asumiendo y una vez más escribiendo la historia del Magisterio uruguayo, dignificando y enalteciendo el noble rol que desempeñan siempre mirando por todos y todas.
En el transcurso, la Federación presentó propuestas para acompañar la nueva realidad: se sostuvo la Radio Butiá para uso público, se hicieron aportes pedagógicodidácticos desde el espacio de nuestra revista y los equipos profesionales que la sostienen, se intentó llegar a los niños a través de radios de alcance local y nacional, en fin, una serie de esfuerzos en la dirección de apoyar a docentes y alumnos en este proceso.
Nos referimos a proceso, porque es así como lo vemos, que sufre cambios que no siempre son bien comunicados por las autoridades responsables de la toma de decisiones y, por ende, no bien entendidos por docentes, familias, la ciudadanía toda.
Desde el 22 de abril fuimos convocados para reabrir las escuelas rurales, salvo las de Canelones. Vivimos momentos intensos, de gran incertidumbre. La Federación trabajó denodadamente para contribuir a generar protocolos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el fin de brindar protección a funcionarios, docentes y niños.
Las autoridades de gobierno resolvieron que la asistencia de los niños, en contexto de pandemia, fuera voluntaria; nos preocupa que esto contribuya a profundizar la brecha entre aquellos que tienen condiciones adecuadas para el aprendizaje a distancia y aquellos que no. Hemos propuesto que se activen programas como Maestro comunitario, Maestros de apoyo, Maestro más maestro, Trayectorias protegidas u otros, que permitan acompañar los procesos de aprendizaje de los niños que presentan rezago.
Ahora, a partir del mes de junio, fuimos convocados a la apertura de las otras escuelas, en todo el país, sin evaluaciones participativas sobre la vuelta a la presencialidad en escuelas rurales, con protocolos detallados de estricta necesidad de limpieza y distanciamiento. Entendemos que los protocolos están para cumplirse y que es indispensable que los materiales suficientes y los auxiliares necesarios para llevar a cabo estas actividades estén garantizados más allá de los protocolos.
Lo que sí queda claro en esta nueva realidad es que nada sustituye la presencialidad del docente a la hora de enseñar; y de ahí, las manifestaciones de compañeras y compañeros demandando el retorno.
Nuestro país cuenta con la herramienta Ceibal para que en materia educativa, en este contexto de pandemia mundial, seamos el país de América Latina que menor impacto sufrió, pero jamás sustituirá la presencialidad del docente en interacción con el niño.
En medio de esta compleja situación sanitaria y con el cambio de gobierno nacional, se presenta una Ley de Urgente Consideración al Parlamento, que contiene más de quinientos artículos que modifican sustancialmente aspectos sensibles para la población. Un mecanismo que, por lo exiguo del tiempo con que se cuenta para su discusión y análisis, limita la calidad democrática. Una ley que, de votarse sin modificaciones, atenta contra la educación pública que la sociedad ha construido históricamente. Contiene una nueva institucionalidad y atenta contra la autonomía de la educación pública consagrada en la Constitución de la República, desarticula el Sistema de Educación Pública a pesar de que se modifica el proyecto original creando una coordinación pública, redefine fines y objetivos de la educación formal, profundiza procesos de privatización de y en la educación, contiene una reforma laboral de carácter punitivo y gerencialista. Por lo antedicho, la Federación rechaza enérgicamente esta ley por su forma y contenido.
Consideramos que lo urgente para la sociedad uruguaya hoy es que se atiendan las demandas desde el punto de vista social y económico, que esta ley no contempla en absoluto.
Tenemos la responsabilidad de defender nuestra Escuela Pública como tantas veces lo hemos hecho y de que más allá de esta emergencia sanitaria, de la que seguramente saldremos, estaremos firmemente en la primera línea defendiendo la escuela de todos para todos, siempre sosteniendo:
“Una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuelas.”
Mtra. Elbia Pereira
Secretaria General de FUM-TEP
Nadie pone en duda que es necesario evaluar en matemáticas, lengua o ciencias sociales. Pero... ¿pasa lo mismo con las clases de teatro? ¿Qué
habría que evaluar? Y si el docente no sabe de teatro, ¿puede evaluar? ¿Se evalúa la expresión? ¿En qué momento de la clase de teatro debo evaluar? ¿Por qué? ¿Para qué? El presente artículo tiene como propósito invitar a los docentes que abordan el teatro en el aula a revisar y reflexionar sobre sus prácticas, poniendo el foco en la evaluación.
El haber recibido formación tanto en la docencia como en artes escénicas me ha llevado a abordar el teatro como disciplina curricular con grupos de niños de diversas instituciones. En función de esa experiencia me propongo compartir la metodología de taller teatral, analizando los distintos momentos de la clase y observando el abordaje de la evaluación.
Es importante tener en cuenta que cuando concibo una clase de teatro no necesariamente me refiero a una obra para interpretar, ni siquiera a un cuento para dramatizar; ni a la expresión catártica sin parámetros ni rumbo pedagógico. Será una propuesta planificada, que pase por diversos momentos
estratégicamente ordenados. El resultado escénico podrá ser una creación colectiva, el ensayo de una obra, el producto de una creación solo para ese día, una improvisación; podrá tener parlamento o no.
La creación de la Universidad de la Educación ha estado en el discurso, contando con el apoyo manifiesto del Consejo de Formación en Educación y del CODICEN de la ANEP, de la declaración de los rectores de Universidades Pedagógicas Latinoamericanas y del último Congreso de Educación.
El parlamento uruguayo tiene una propuesta de ley para estudiar y aprobar si reúne la voluntad parlamentaria. La Universidad de la Educación depende de cuán precisos seamos en hacer comprender que no es un planteo caprichoso, sino una necesidad de abordar la formación de los ciudadanos con un enfoque sistémico.
Sin embargo, la necesaria discusión y los matices que puedan surgir acerca de qué universidad queremos para la formación de educadores no debería enmascarar la necesidad de su creación. Se trata de reconocer parte de lo que ya hemos hecho en la transformación hacia prácticas institucionales propias de los espacios universitarios, pero también de identificar cuánto nos falta, reconociendo que eso que aún nos falta desarrollar, está atado a una legalidad universitaria.
En este contexto nos encontramos discutiendo una estructura académica y un plan que se adecue a las características de un modelo universitario de formación. La clave está en que estos cambios se procesen en estructuras de participación de los órdenes, tales como las Comisiones de Carrera y la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. Es de destacar el esfuerzo que han hecho los representantes docentes y estudiantiles que integran estos espacios, contribuyendo a crear una cultura de la participación más cercana al cogobierno de los ámbitos universitarios.
Finalmente, dejar en claro que desde el espacio de los consejeros electos por los docentes y los estudiantes se ha trabajado con una fuerte convicción de que la institucionalidad la construimos haciendo, reflexionando y dando cuenta de nuestras acciones.
Transitar hacia la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada es una meta que no admite postergación.
Como siempre, los desafíos que nos interpelan son múltiples, y asumirlos como orden es un paso que hay que dar con firmeza pero sin prisa, con el fin de desarrollar un camino seguro para la formación de los educadores uruguayos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia en clave latinoamericana.
«...A casi cien años de la reforma de Córdoba, entendemos la misión de la universidad latinoamericana como un legado transformador de la sociedad, que interpele y responda a las circunstancias vitales de los pueblos...» (REDUCAR, 2017)
Montevideo, 22 de abril de 2020
Ante la condena de José Nino Gavazzo a 25 años de penitenciaría por coautoría del homicidio del Maestro Julio Castro la FUM-TEP expresa:
Cuando recibimos la noticia respecto a la sentencia de José Nino Gavazzo, con una pena de 25 años de penitenciaría, por su condición de coautor del homicidio muy especialmente agravado del maestro y periodista Julio Castro, sentimos que cada una de las acciones que hemos llevado a cabo para que se haga justicia ante el cobarde asesinato de nuestro compañero no ha sido en vano. También sentimos que es necesario redoblar esfuerzos y seguir reclamando Justicia, porque hay muchísimos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes y muchísimos criminales que no han pagado por sus actos atroces.
Julio Gerardo Castro Pérez nació el 13 de noviembre de 1908 en La Cruz, Florida. Fue maestro y periodista, referente pedagógico de nuestro país y del continente. Además ejerció como redactor responsable y subdirector de “Marcha”. Fue secuestrado el 1° de agosto de 1977 en las calles Rivera y Llambí de la ciudad de Montevideo, y permaneció desaparecido durante 34 años.
El cuerpo de Julio Castro se encontró en el Batallón 14 del Ejército en octubre de 2011. Dos meses después se comprobó la identidad de sus restos. El maestro había sido detenido en agosto de 1977, y según las investigaciones, murió como consecuencia de un balazo que le dieron en la cabeza luego de ser interrogado y torturado. Importa recordar que al momento de ser ejecutado tenía 71 años de edad. Estos hechos los habíamos considerado como un importante avance en materia de Verdad, hoy se dio un paso en materia de Justicia.
Consideramos que la sentencia dictada supone un avance sustancial en materia de Justicia. Asimismo creemos que este hecho es un importante avance para derrumbar el muro de impunidad construido por quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y por sus cómplices.
Reiteramos que la impunidad sigue siendo uno de los temas que más dañan moralmente a nuestro país, con el perjuicio que esto supone para el presente y para el futuro. Quizás una de las leyes más inmorales que haya votado el parlamento de nuestro país sea la 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Porque en Uruguay hay cobardes que secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron… y hoy siguen caminando por las calles sin que sus atrocidades y violaciones a los Derechos Humanos sean juzgadas. Contra esto hemos luchado de forma permanente desde la recuperación de la democracia. Reafirmamos nuestras convicciones y nos comprometemos a seguir luchando hasta que todos los culpables paguen por sus crímenes, tengan la edad que tengan.
También nos comprometemos a luchar contra la cultura de la impunidad y de la mentira. No olvidamos cuando nos decían que en nuestro país no habían desaparecidos, que no existían pruebas. Nos mintieron, encubrieron y se burlaron del dolor de las familias. Cinco compañeros han sido encontrados e identificados – Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco y Eduardo Bleier – que prueban que sí hubo torturas, que sí hubo asesinatos y que sí hubo desapariciones forzadas.
Por último, reafirmamos la convicción de que las niñas y niños de las Escuelas Públicas tienen el derecho de saber quiénes eran cada una de las desaparecidas y de los desaparecidos. Tienen el derecho de conocer el papel del pueblo en la resistencia, y las luchas desarrolladas para recuperar la democracia.
Mandamos caluroso abrazo a la familia del Maestro Julio Castro, al Magisterio Nacional, a las organizaciones de Derechos Humanos, al movimiento sindical y al pueblo todo.
MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO
UNIDAD – SOLIDARIDAD – LUCHA
FUM – TEP / CSEU / PIT – CNT
Desde muy pequeños, los niños deben hablar, realizar junto con otros compañeros del jardín la propuesta que les hace la docente que no es quien todos los días está en el grupo. Esta propuesta genera entonces muy buenas oportunidades de comunicación. Se puede planificar
la narración de cuentos o historias por parte de los niños, la descripción como estructura distinta a la narración, el diálogo entre personajes
y el diálogo entre ellos, es decir, repetir parlamentos memorizados o dialogar en una conversación entre pares. Se cumplen estos
procesos, todos insertos en muchas situaciones en las que el verbo pensar es fundamental; ninguno de estos procesos se da sin pensar y es
necesario que se reivindique este verbo en la Educación Inicial.
Aproximadamente uno de cada tres uruguayos es analfabeto en materia de conocimiento institucional. Aunque no se reconozca públicamente, ese problema existe y representará un desafío para la democracia si no se le presta atención. En los años 2007 y 2013, el Instituto de Ciencia Política realizó dos encuestas para evaluar la imagen pública del Parlamento.
Uno de los bloques de la investigación estaba centrado en el nivel de conocimiento que la ciudadanía tiene de las funciones del Poder Legislativo. La pregunta “¿podría usted decir cuál es la principal función del Parlamento?” fue respondida por dos tercios de los encuestados (un tercio dijo que la función era legislar y otro tercio mencionó otras funciones como representar, controlar al Ejecutivo, debatir, etc.).
El grupo que no logró responder la pregunta está compuesto por personas con bajos niveles educativos. Entre los encuestados que no completaron la enseñanza primaria, la proporción de personas que no supo responder se ubicó en el 70%, y entre los que no terminaron el ciclo básico de enseñanza secundaria alcanzó el 55%. Además, ese grupo de personas presentó niveles de desinformación importantes cuando se les consultó sobre asuntos públicos de notoriedad o sobre el conocimiento de autoridades institucionales (un 80% no logró mencionar una ley aprobada en el año anterior; más del 60% de ese grupo no conocía el nombre del Vicepresidente de la República y tampoco lograba ubicarse con claridad en el eje izquierda-derecha). ¿Por qué sucede esto? Una observación muy simple nos conduce a la educación cívica que reciben las personas y a dos factores que influyen en ese proceso: los partidos políticos y la educación formal. Históricamente, la formación cívica estaba vinculada a los partidos, pero en las últimas décadas estos han perdido capacidad de convocatoria en virtud del fuerte impacto de factores estructurales como los cambios en la sociedad o la revolución tecnológica. Por otra parte, la enseñanza formal parece no haber asumido con decidido impulso la responsabilidad de educar cívicamente a los ciudadanos. Obsérvese que la asignatura encargada de divulgar contenidos relativos al funcionamiento de la democracia y las instituciones es “Educación Social y Cívica”, ubicada en el tercer año de la enseñanza secundaria. Como muchos estudios lo demuestran, los niveles más altos de deserción del sistema educativo se producen precisamente entre el primer y segundo año de la enseñanza media.
El autor propone una serie de ensayos que se puedan desarrollar en el aula, se apoyen en la introducción de nociones teóricas referidas a cuatro asuntos significativos de la formación cívica: la democracia, la ciudadanía, las elecciones y las instituciones de gobierno. El objetivo debe ser simple, brindar al educando nociones básicas acerca de los andamiajes colectivos que hacen al funcionamiento democrático.
Una joven adolescente paquistaní de 16 años, Malala Yousafzai, fue galardonada el pasado 10 de octubre con el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, por parte del Parlamento Europeo.
El premio fue otorgado a Malala por defender, en forma inquebrantable, el Derecho a la Educación de las Niñas, luego de haber sobrevivido a un atentado de los talibanes.
Completa el formulario, y suscribite a la revista QUEHACER EDUCATIVO