La Ley Nº 19.889 Ley de Urgente Consideración (en adelante, LUC) incorporó “arreglos institucionales” inéditos al panorama educativo, aunque con aspectos que hacen pensar en un siglo atrás. La LUC, aprobada y promulgada entre la instalación del nuevo Gobierno y la pandemia, entre el confinamiento y el Presupuesto Nacional, entre una discusión de más de quinientos artículos y los apremios de una sociedad atemorizada por la COVID-19, impone cambios en la “gobernanza de la educación” que desandan un proceso de autonomización y participación de más de cien años.
La idea de preservar a la escuela de los fragores de la política, preocupación central de José P. Varela, y desarrollada bajo el concepto de “De la independencia de la administración escolar” en el capítulo XIV de La Legislación Escolar (Tomo II) 1, demoró décadas y recién se consagró con la creación del ente autónomo en 1943. Así, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (creado en 1918) adquiere el estatus de Ente Autónomo. Igual proceso cumplen el Consejo de Enseñanza Secundaria (1935) y UTU (1942).
La FUM no fue ajena a estos debates y ya en la década de los cincuenta advertía:
«El vaivén partidista en el gobierno del país, puede traer como consecuencia (...) cambios de criterio para la orientación (...) del organismo educativo escolar con prescindencia del único criterio legítimo que es el pedagógico (...) Para ello es indispensable que ese Consejo sea integrado con (...) representación integral de los profesionales directamente involucrados en la Enseñanza Primaria...»
El reclamo del Magisterio adelanta el tema de la participación, injerencia de los docentes alcanzada en el Consejo de Secundaria con tres miembros y en el de UTU con dos consejeros, reivindicado insistentemente, y recién logrado en el año 2008.
La tensión entre autonomía, coordinación y participación tuvo distintas propuestas de solución hasta que la Ley Nº 14.101 eliminó los consejos
autónomos, centralizó la dirección de la educación no universitaria en el CONAE, y eliminó toda representación.
El paradigma autonómico vareliano y la voluntad docente de participación fueron arrasados por la ley “Sanguinetti” primero y por la Dictadura inmediatamente después.
Este proceso tendrá en la CONAPRO (1984-85) y en la Ley Nº 15.739 un impulso restauracionista y plazos perentorios que en los hechos mantuvieron las características de la Ley Nº 14.101. En 1990, cuando se analizaron cambios para la designación de consejeros, el Prof. Pivel Devoto (entonces Presidente del CODICEN) retomó la defensa de la autonomía de ese Consejo en una exposición ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes (20/03/90).
Esa defensa acérrima de la autonomía de la ANEP es avasallada cuando en el artículo 145 E de la LUC, otras voces del Partido Nacional promueven
la facultad del Ministro de Educación de elaborar el “Plan de Política Educativa Nacional”.
Pero la LUC va contra muchos otros valores de la educación pública: la impronta de participación comunitaria y profesional impulsada por la Ley
Nº 18.437 Ley General de Educación a través de la COMINE (Comisión Nacional de Educación) y del Congreso de Educación, de las comisiones consultivas y de los consejeros electos.
Los consejos, como ámbito colegiado de análisis y debate de las políticas educativas de cada nivel, son sustituidos por direcciones generales, figuras gerenciales de aplicación de resoluciones externas que agravian la mejor tradición de la Escuela Pública.
Los consejeros electos quedan incorporados solo a CODICEN y CFE, ámbitos en los que se resuelve por tres votos conformes, haciendo suficiente
la voluntad de los consejeros políticos para cualquier decisión.
El artículo 193 de la LUC habilita regímenes especiales para el ejercicio de la docencia, dando facultades extraordinarias a los directores de los
centros educativos para cooptar docentes, promover incentivos salariales o complementos por alcanzar metas de política educativa, o para alentar la permanencia según «el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo». Es decir, se habilita el amiguismo y la discrecionalidad.
En resumen, la revisión histórica que el maestro Víctor Spinelli nos propone a continuación, es el debate sobre qué escuela y qué educación pública
queremos... ¿Una sujeta a los avatares de la política u otra que establezca objetivos que trasciendan las administraciones?, ¿una “política de Estado” o
una “política de Gobierno”?, ¿organismos con autonomía o con ataduras al ministro de turno?, ¿consejos colegiados donde se analiza el sentido de la
Escuela o una gerencia que aplica resoluciones del CODICEN?, ¿organismos con representantes de los docentes o con cargos por exclusivo reparto político?
Quizás hoy como nunca esta visión del pasado sea una buena guía para soñar el mejor porvenir para la Escuela Pública, y para reafirmar un quehacer
militante por esa educación del pueblo.
En el mes de mayo, nuestra FUM-TEP realizará su XII Congreso ordinario, instancia cuyo objetivo fundamental será la construcción entre todos de
su agenda programática.
En esta oportunidad, el Congreso funcionará con doscientos ochenta delegados de todo el país, integrantes de sus treinta filiales, y contará con la mayor participación de la historia de nuestra federación.
A estos efectos transcurrirá un período de veinte días entre el trabajo de las comisiones y el debate en la instancia plenaria, lo que propiciará que un mayor número de compañeros y compañeras puedan aportar a dicha instancia desde las filiales.
Un nuevo inicio de clases, con la alegría y el compromiso de siempre, sin dejar de lado las dificultades que nuestra Federación viene advirtiendo
año tras año. La falta de docentes en el área metropolitana para cubrir los cargos de maestros es un problema estructural. El número de docentes que se acogen a los beneficios jubilatorios es mayor que el de los maestros egresados en el sur del país.
En tanto, muchos compañeros se reciben año tras año en el norte del país, pero no logran elegir un cargo de maestro que les permita tener la estabilidad laboral para la que tanto trabajan esforzándose para concursar y mejorar sus puntajes que les permitirían alcanzar su objetivo.
Pero no todos los maestros lo logran, y conseguir trabajo no es tarea fácil. Es por ello que, ante el ofrecimiento de cubrir cargos en el área metropolitana, muchos optan por trasladarse a la capital del país con las dificultades que trae aparejadas: desarraigo, problema de vivienda, etcétera.
Por este motivo, nuestra Federación ha permanecido atenta a estas situaciones, orientando a los compañeros que trabajarán en el sur, acompañando en el proceso de elección de los cargos para informar respecto a la ubicación de los diferentes centros educativos.
Este año 2019 se realizará el XII Congreso de nuestra Federación. Atendiendo a lo establecido en nuestros Estatutos, la Federación prepara su instancia máxima de decisión para el mes de mayo. Durante los días 8 y 9 de mayo se llevarán a cabo la apertura, la inauguración del Congreso y los debates en comisiones: Balance y Perspectiva – Presupuesto; Estatutos de FUM-TEP; Políticas Educativas. El 31 de mayo se desarrollará la instancia plenaria. En dicha oportunidad se pondrán a consideración de los congresales los documentos elaborados por las diferentes corrientes de pensamiento sindical existentes en la interna de la Federación, y discutidos en las comisiones. Pero independientemente del trabajo interno que los
maestros, profesores y funcionarios realicemos durante e Congreso para contar con posturas sólidas asumidas por el colectivo de trabajadores sindicalizados, nuestra meta principal es lograr posicionarnos ante a los temas educativos que nos inquietan como parte de la sociedad en la que también convivimos como ciudadanos. No podemos dejar de mencionar el hecho de que nos encontramos en un año electoral, en el que se estarán disputando dos modelos de país. Una vez que se conozcan los candidatos a la presidencia de la República, los interpelaremos sobre qué escuela queremos y sobre la necesidad de llegar a un mínimo del 6% del PBI para ANEP y UdelaR. Haremos escuchar nuestra voz respecto a las Políticas Educativas a implementar según las diferentes promesas electorales. La haremos conocer a cada candidato que se postule para ejercer los cargos desde la máxima jerarquía como presidente de la República hasta –y en especial– a quienes pretendan ocupar una banca en el Poder Legislativo, porque con sus votos definen las asignaciones presupuestales que entre otras determinarán las condiciones de trabajo.
Somos los profesionales de la Educación que materializamos los hechos educativos de manera situada cada día en las instituciones escolares. Por tanto tenemos mucho para decir y aportar sobre qué Educación Pública queremos, sobre cuál es la escuela pública que los hijos y las hijas de los
trabajadores merecen. Construir comunidad educativa es y será nuestro desafío. No renunciaremos a nuestro compromiso ineludible de seguir construyendo y defendiendo la Educación Pública.
La creación de la Universidad de la Educación ha estado en el discurso, contando con el apoyo manifiesto del Consejo de Formación en Educación y del CODICEN de la ANEP, de la declaración de los rectores de Universidades Pedagógicas Latinoamericanas y del último Congreso de Educación.
El parlamento uruguayo tiene una propuesta de ley para estudiar y aprobar si reúne la voluntad parlamentaria. La Universidad de la Educación depende de cuán precisos seamos en hacer comprender que no es un planteo caprichoso, sino una necesidad de abordar la formación de los ciudadanos con un enfoque sistémico.
Sin embargo, la necesaria discusión y los matices que puedan surgir acerca de qué universidad queremos para la formación de educadores no debería enmascarar la necesidad de su creación. Se trata de reconocer parte de lo que ya hemos hecho en la transformación hacia prácticas institucionales propias de los espacios universitarios, pero también de identificar cuánto nos falta, reconociendo que eso que aún nos falta desarrollar, está atado a una legalidad universitaria.
En este contexto nos encontramos discutiendo una estructura académica y un plan que se adecue a las características de un modelo universitario de formación. La clave está en que estos cambios se procesen en estructuras de participación de los órdenes, tales como las Comisiones de Carrera y la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. Es de destacar el esfuerzo que han hecho los representantes docentes y estudiantiles que integran estos espacios, contribuyendo a crear una cultura de la participación más cercana al cogobierno de los ámbitos universitarios.
Finalmente, dejar en claro que desde el espacio de los consejeros electos por los docentes y los estudiantes se ha trabajado con una fuerte convicción de que la institucionalidad la construimos haciendo, reflexionando y dando cuenta de nuestras acciones.
Transitar hacia la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada es una meta que no admite postergación.
Como siempre, los desafíos que nos interpelan son múltiples, y asumirlos como orden es un paso que hay que dar con firmeza pero sin prisa, con el fin de desarrollar un camino seguro para la formación de los educadores uruguayos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia en clave latinoamericana.
«...A casi cien años de la reforma de Córdoba, entendemos la misión de la universidad latinoamericana como un legado transformador de la sociedad, que interpele y responda a las circunstancias vitales de los pueblos...» (REDUCAR, 2017)
De los 135 artículos de la LUC que pretendemos anular, 34 refieren al capítulo Educación.
Las propuestas que contienen son consecuencia de una larga campaña de desprestigio de la Educación Pública. Tan tremenda como injustificada esta campaña utilizó el eslogan “crisis de la Educación Pública” para generar desgaste, descreimiento y desconfianza.
Estos artículos promueven la privatización de muchas formas, entre ellas favoreciendo su mercantilización, eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública, permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada y promoviendo un sistema que puede delegar en las direcciones de los centros el acceso y permanencia en los cargos, así como sus correspondientes compensaciones salariales.
Este artículo por sí solo es una afrenta al sistema de concurso, a los mecanismos transparentes de ascenso y traslado defendidos por nuestra Federación durante años. De mantenerse y aplicarse se abre un espacio de incertidumbre, inestabilidad y arbitrariedad nunca vista en la Educación Pública del Uruguay.
Desde nuestra perspectiva la Educación es un derecho humano fundamental para todas y todos, durante toda la vida y responsabilidad del Estado garantizarlo. La lucha en defensa de las infancias y sus derechos siempre va a contar con el compromiso de las y los trabajadores de la educación de nuestro país.
LA LUC LIQUIDA LA EDUCACIÓN COMO LA HEMOS CONOCIDO HASTA AHORA
Los 135 artículos de la LUC que se someten a Referéndum promueven transformaciones tendientes al achicamiento del Estado en la protección de los más débiles y de los intereses nacionales, a la desregulación laboral, el aumento de la represión y la disminución de la participación ciudadana en los asuntos nacionales.
En educación se destacan las mismas tendencias. Entre muchas razones señalamos:
Elimina del Sistema Nacional de Educación Pública
El Art. 144 elimina el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) y es suplantado por una “Coordinación del Sistema Nacional de Educación”, donde no queda claro el límite entre lo público y lo privado. Tan urgente no sería cuando recién se instaló y funcionó solo una vez en febrero de 2022, dieciocho meses después de ser aprobada la Ley y a cuarenta días del Referéndum.
Lesiona la autonomía
La LUC en sus artículos 145 y 171 le otorga al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un rol protagónico en la toma de decisiones que debilita la autonomía de los entes de educación (ANEP – UdelaR – UTEC) consagrada en la Constitución de la República. Esta modificación pone en evidencia una visión que concibe la educación como una política del gobierno de turno en lugar de una cuestión de Estado.
Al MEC se le agrega la elaboración del "Compromiso de Política Educativa Nacional" que debe acompañar el pedido de venia al Senado de los tres miembros del CODICEN propuestos por el Poder Ejecutivo, el "Plan de Política Educativa Nacional" que fijará las metas y principios de las políticas educativas, el reconocimiento de titulos universitarios, un programa de fortalecimiento de la formación en educación que otorga becas a programas universitarios que hasta ahora son únicamente privados y el reconocimiento del carácter universitario de la formación docente pública.
Abandona principios fundantes
Afecta gravemente algunos principios fundantes de nuestra escuela pública como en el Art. 127 que elimina la obligación de “padres madres y responsables legales de niños, niñas y adolescentes (…) de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su aprendizaje”.
Maestras y maestros sabemos bien cuál es la consecuencia de quitar esta obligación.
Sin ir muy lejos, en 2020 cuando la obligatoriedad quedó “en suspenso” perdimos a cientos de niños y niñas que abandonaron o concurrieron
en forma intermitente. En las escuelas y jardines necesitamos el apoyo del Estado y de la Ley para asegurar el derecho a la educación de las infancias.
Este mismo artículo elimina la mención a asegurar “la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria ymedia básica”. ¿Cuál es la razón y la urgencia de eliminar este concepto que promueve el derecho a una educación integral con educación básica, artes, tecnología, campamentos e idiomas?
Elimina los Consejos de Educación
En los artículos 155 y 156 se eliminan los consejos de educación de la ANEP -Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional-, y se crean en su lugar direcciones generales.
En el caso de Primaria se trata de un Consejo creado en 1918. Eso significa que la LUC vino a barrer con más de un siglo de conducción colectuva. Además, una Dirección General es de menor jerarquía que un Consejo y son ejecutoras de decisiones definidas en el CO.DI.CEN., otro ejemplo del proceso centralizador de la toma de decisiones.
En el caso de Educación Inicial y de Primaria esta Dirección unipersonal debe atender a 2.000 escuelas, 345.000 niñas y niños, sus familias y más de 30.000 trabajadoras y trabajadores.
Se ha dicho que esta eliminación es para mejorar la gestión, evitar las trabas burocráticas y de los sindicatos. ¿Hemos visto mejoras en la gestión en estos dieciocho meses? ¿Nos sentimos maestras, maestros, funcionarios y funcionarias más respaldados y seguros con esta nueva forma centralizada de decisión? ¿Las decisiones son mejores, más rápidas y adecuadas?
La respuesta es claramente negativa. Decisiones que no se pueden aplicar, protocolos confusos, respuestas que no llegan, incertidumbre en la aplicación de normativas, negociaciones inexistentes, advertencias que no se escuchan, concursos de dirección llevados a los ponchazos y con múltiples irregularidades, etc., etc., etc…
Debilita la democracia del sistema educativo
Además, junto a los Consejos, la LUC elimina los consejeros electos por las y los docentes. También reduce el papel de los consejeros electos en CO. DI.CEN al permitir que todas las decisiones se adopten tan solo con los tres votos de los consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.
También se reduce el Congreso Nacional de Educación a tan solo una “posible” convocatoria, reduce la participación estudiantil en los Consejos de Participación y la elimina con voz y sin voto en la educación media superior y hace lo propio con las Comisiones Consultivas.
Promueve privatización
Varios artículos promueven la privatización de la educación favoreciendo su mercantilización (Art. 129), eliminando el Sistema Nacional de Educación Pública (Art. 144 y 183 al 186), creando las Direcciones Generales al estilo gerencias (Arts. 148, Arts. 155, 156 y 158 al 161), permitiendo el traspaso de recursos públicos a estudiantes de instituciones de formación en educación privada (Art. 171) y promoviendo un sistema de cooptación típico de las empresas privadas.
LA LUC AFECTA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
El Art. 193 promueve la precarización y la flexibilidad en las condiciones del trabajo.
Este artículo permite la creación de regímenes especiales que pueden delegarse en las direcciones de los centros para el acceso y permanencia en los cargos por medio de “condiciones de orden funcional” que se correspondan con el “compromiso con una metodología de trabajo o proyecto de centro” o “cumplimiento de metas de política educativa”. Y estas decisiones afectarán las compensaciones, complementos salariales u otros beneficios
de docentes y no docentes.
Condiciones de trabajo, permanencia en el cargo y el salario de docentes y personal no docente ¿estarán sujetos a las decisiones de una dirección? ¿Qué sucede con los concursos? ¿Y cuando cambia la dirección? Sólo pensarlo da la idea del caos y la vulneración de derechos adquiridos a la que se sometería nuestro trabajo.
Pero también afecta la formación inicial de docentes y educadores al eliminar la mención a la creación de una institución universitaria y crear un procedimiento que queda en manos del MEC (Art. 171) y permitir que haya maestros y maestras que egresen de un instituto con título universitario y de otros institutos con títulos no universitario (Decreto 338/2020). Tampoco prevé qué sucederá con los títulos de quienes ya lo obtuvimos. ¿Habrá
titulados categorías A y B?
Si esto fuera poco, el Art. 163 sólo asegura que el título de maestro o maestra es necesario para “maestros responsables de clase, inspectores
y directores”. ¿Qué sucederá con las y los maestros de docencia indirecta? Secretarías de escuela, maestras CEIBAL, de apoyo, comunitarias, etc., ¿podrán ser cubiertos por estudiantes o idóneos?
Todas las decisiones se adoptarán en un CO.DI.CEN donde para integrarlo no será necesario haber sido docente ni haber actuado en la Educación Pública. Es la primera vez que una ley de educación no exige al menos a alguno de los consejeros tener antecedentes en la Educación Pública. Ni hablar que no existe ninguna exigencia, NINGUNA, para ocupar las Direcciones Generales. ¿No es demasiado?
POR TODAS ESTAS RAZONES LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PRIMARIA VOTAMOS SÍ PARA ANULAR 135 ARTÍCULOS DE LA LUC.
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, EN DEFENSA PROPIA
“Cuando por primera vez actué frente a niños descalzos, sucios, hambrientos… comprendí que ser educador era realmente un compromiso simultáneo con la realidad cargada de problemas y el ideal poblado de esperanzas.”
Ante la noticia del fallecimiento del Maestro Miguel Soler Roca nos afloraron un conjunto de sentimientos simultáneos, el enorme dolor ante la pérdida de un referente ético, humano, pedagógico, sindical… También sentimos el calor al abrazar de inmediato alguno de los recuerdos de instancias compartidas. Nos invadió la tristeza debido a que no logró justicia para la causa de su amigo y compañero el Maestro Julio Castro. Y sin dudas sentimos enorme gratitud, por la enorme y profunda obra que nos lega, y más debido a que su último aporte, el libro “Rastrojos”, nos lo confió y encargó para publicarlo y difundirlo.
Sin lugar a dudas la experiencia humana de Miguel Soler tiene grandes mojones, nació en Corbera de Llobregat provincia de Barcelona, de muy pequeño vino a Montevideo con sus padres, donde creció y se formó como Maestro, egresando en el año 1939.
Pocos años después, en 1945, fue artífice de la fundación de nuestra Federación Uruguaya de Magisterio, acontecimiento de alto valor para maestras y maestros de nuestro país pues se concretaba la unidad luego de varios años de dispersión y divisiones. Otro acontecimiento que lo marcó y también marcó a la educación de nuestro país, fue su integración en 1949 en la Comisión redactora del Programa de Escuelas Rurales, allí trabajó junto a pedagogos de la talla de Julio Castro y Enrique Brayer.
Entre 1948 y 1954 fue director de la Escuela Rural Nº 59, en el Departamento de Soriano. En esos años obtuvo una beca de la UNESCO para estudiar en México.
A partir de 1954 organizó y dirigió el Núcleo Escolar Experimental de La Mina. Sin lugar a dudas esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, sobre la cual escribió varias obras y que también ha sido referencia pedagógica para generaciones de maestras, maestros, profesoras y profesores de nuestro país, de América Latina y de otras latitudes.
El proyecto de los núcleos escolares tenía múltiples objetivos, lo central era ayudar a vivir mejor y luchar contra el drama de la pobreza del campo uruguayo. El trabajo en La Mina estuvo enfocado en un proyecto de educación fundamental -lo que Miguel había estudiado en México-, es decir de educación comunitaria, donde de lo que se trata es de participar de la educación en conjunto con la comunidad, para que alcance mejores niveles de vida. Este proyecto contemplaba los problemas locales específicos -y sus potenciales soluciones-, en lo referido a lo cultural, lo sanitario y lo económico. Entonces la experiencia de La Mina se trató de la puesta en práctica de la educación integral.
Debido a los desacuerdos con las autoridades del Consejo de Primaria, que atentaban contra los objetivos del proyecto, renunció a la dirección del proyecto en 1961.
Entre 1961 y 1982 trabajó para la Unesco, en diversos cargos y en diversas partes del mundo (Bolivia, México, Chile, Francia). Y se jubiló en 1982, cuando era Subdirector General Adjunto del sector Educación de la UNESCO. Pese a ello, siguió colaborando con el organismo durante varios años más. También en 1982 se mudó a Barcelona, uno de los tantos retornos a su país natal.
Entre 1973 y 1985 sufrió las consecuencias de la dictadura fascista que asoló nuestro país, en su libro “Réplica de un maestro agredido” expresa al respecto: “…las Fuerzas Armadas asumen el gobierno de la escuela pública y de toda la educación nacional, sometiéndolas a su versión retrógrada y antidemocrática de la historia y de la sociedad… castigando con la muerte, la tortura, el encarcelamiento, la destitución y el exilio a quienes más se habían distinguido en el desarrollo de la educación popular y a todo aquel educador opuesto a los liberticidas… el daño a la formación de los alumnos, a la calidad de la enseñanza y al clima de diálogo, convivencia y esfuerzo colectivo que había caracterizado a nuestras escuelas, resultó inmenso.”
Entre los años 1984 y 2007 participó como asesor, tanto de comisiones de la UNESCO como de diferentes gobiernos, en nuestro país, en provincias de la Argentina y en Nicaragua.
En 2005 volvió al Uruguay, su patria adoptiva como le decía. Siempre mantuvo su compromiso con la defensa de la educación pública y con las causas de los Derechos Humanos. Nunca dejó de aportar a la reflexión pedagógica y es fundador del Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE), también integró el Movimiento de Educadores por la Paz, colaboró con el programa de Extensión de la Universidad de la República y escribió múltiples artículos sobre la educación y la realidad en Uruguay y América Latina.
Esta somera reseña de la vida de nuestro compañero Miguel Soler Roca tiene por objetivo recordar algunos de los mojones más importantes de su vida, pero principalmente afirmar nuestro compromiso de mantener en alto y firmes las banderas sostenidas por tantas décadas por las y los fundadores de nuestra Federación.
En su saludo hacia nuestro XII Congreso del año 2019 expresó: “Los educadores sabemos bien que este marco económico y político afecta los derechos de nuestros alumnos y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. El combate contra la pobreza, prioritario para la acción sindical, ha de ser colectivo y perseverante, sin apelar a la competitividad, los rankings y las privatizaciones. Desde sus orígenes la FUM trabaja a favor de la plena vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz. No me caben dudas: lo seguirá haciendo, profundizando el estudio y la denuncia de todo lo que pueda oponerse a lo que nuestro prócer llamaba “la pública felicidad”. Nuestro gremio tiene el derecho de hacerse oír en los medios, en los centros académicos y en la calle toda vez que nuestra palabra pueda contribuir al progreso, la equidad, la justicia y la paz”.
FUM – TEP / CSEU / PIT – CNT
Cada vez que es convocada, FUM-TEP participa en las Comisiones de Trabajo del CEIP para la revisión de la normativa vigente y para la redacción de Bases de Concurso o Llamados a Aspiraciones, entre muchas otras cuestiones.
Dentro de estas actividades que FUM-TEP lleva adelante, existe una de relevancia trascendente para el desarrollo de la carrera de todos los trabajadores
del Consejo de Educación Inicial y Primaria, afiliados o no: la defensa de la institución Concursos. Hacemos referencia al cumplimiento cabal del Reglamento General de Concursos en cuanto a los procedimientos, así como a lo establecido en las Bases Particulares redactadas para cada Llamado.
A lo largo de la historia, la defensa de esta herramienta como canal de acceso a nuestros puestos de trabajo en carácter efectivo, legitima la tarea de reivindicar la mayor transparencia para el desarrollo de la carrera profesional docente con garantías para todos.
Los maestros, profesores y funcionarios no docentes que trabajamos en el CEIP sentimos orgullo de acceder a nuestros cargos por Concurso. Es una tradición que viene de quienes nos antecedieron y enseñaron a sentirnos de esta manera.
Del esfuerzo de cada uno nace la posibilidad de elegir un cargo en nuestra carrera. Y es por ello que con tanto celo velamos por el cumplimiento de las normas establecidas. Todos los docentes deben concursar o aspirar a sus cargos en igualdad de condiciones. Y todos deben tener la oportunidad
de hacerlo, si cumplen con la normativa vigente.
Trabajo presentado en el 7º Coloquio de Educación Rural (2015) realizado en el Centro “Agustín Ferreiro”, organizado por el Departamento de Educación para el Medio Rural del CEIP.
La Escuela Rural de Mangrullo, en el departamento de San José, cuenta con cuarenta y dos alumnos, y tres docentes efectivas con un mínimo
de tres años de efectividad.
Ante la tarea de la planificación anual, determinamos que uno de los aspectos en los cuales debíamos intervenir sería trabajar sobre la dependencia que nuestros alumnos presentan con respecto al maestro. Para ello consideramos que las competencias comunicativas debían potenciarse como vehículo para llegar a la autonomía esperada, que es necesaria por el cambio vertiginoso en la producción de conocimientos.
A sabiendas de que: «La formación del niño, del hombre, implica la posibilidad de saber más y el valor de la educación está en despertar la
curiosidad por saber más, en generar el deseo, el placer y la alegría de saber» (ANEP. CEP, 2009:25), este año pensamos en implementar el
trabajo en comisiones. Esta estrategia nos brinda la posibilidad de dar espacios de autonomía, de reflexión, de intercambio, de indagación y
cuestionamiento. El trabajo entendido como herramienta-estrategia, se centró en las Áreas del Conocimiento de la Naturaleza y de Lenguas.
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